Durante la presentación del segundo informe sobre los hechos de Iguala, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes insistió que desde la presentación de su primer informe, el 6 de septiembre de 2015, demostraron que además de la participación de las policías de Iguala y Cocula en la desaparición de los normalistas, la policía municipal de Huitzuco estuvo involucrada.
En conferencia de prensa desde el Claustro de Sor Juana, los expertos indicaron que gracias a la coordinación entre los agentes municipales se creó un cerco en las carreteras que impidió que los estudiantes salieran de Iguala.
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Al tomar el micrófono, Ángela Buitrago, aclaró que los normalistas de Ayotzinapa nunca fueron a boicotear un acto político la noche del 26 de septiembre. Además subrayó que éstos no estaban infiltrados con el crimen organizado.
Lo anterior lo sustenta porque antes de que los estudiantes ingresaran a la Normal Isidro Burgos tuvieron que presentar un certificado de no antecedentes penales.
Respecto a la investigación del quinto autobús, Buitrago dijo que se le solicitó al FBI apoyó para conocer si el presentado por ellos es el mismo que salió de la central camionera de Iguala. Las pruebas aún no las reciben. Por ello -dicen- la investigación no debe ser cerrada.
En su oportunidad Claudia Paz y Paz dijo que contrario a lo declarado por los sicarios detenidos de que esa misma noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 se habían destruido y quemado los celulares de los normalistas, éstos siguieron activos en fechas posteriores.
Esa línea, comentó, no ha sido investigada.
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Sobre el tercer peritaje de fuego, que realizaron expertos en materia, Francisco Cox afirmó que no cumple con los estándares científicos porque ni siquiera incorporaron las diligencias del Equipo Argentino de antropología forense (EAAF).
Cuestionó el acuerdo de confidencialidad dictado por la PGR y que en sí el informe se haya basado en otros aspectos menos en confirmar el tiempo y circunstancias que permitan evidenciar que en ese lugar sí se quemaron los cuerpos de los estudiantes.
“El tercer peritaje era sobre la dinámica del fuego, no sobre la credibilidad de la narrativa”, declaró.
Por lo anterior, el Grupo de Expertos concluyó, como lo dijo desde septiembre del año pasado, que los 43 normalistas desaparecidos no fueron incinerados en el basurero de Cocula.
"GIEI no tiene evidencia para cambiar lo expuesto el 6/09/2015 sobre la imposibilidad de que los estudiantes fueran incinerados en Cocula".
Por otro lado, Carlos Beristain, al hablar sobre la atención a las víctimas, recordó que antes de su llegada no había puentes de diálogo entre las familias de los estudiantes, así como las de los Avispones, y el Estado. “Fue hasta que llegamos que se empezaron a abrir dicho contexto de confianza”.
También enfatizaron en que al formar parte de la investigación, facilitaron que los normalistas sobrevivientes rindieran su testimonio.
Al exponer el caso de Julio César Mondragón, los expertos pidieron al Estado no generar una victimización secundaria, pues según explicaron, en la exhumación del cuerpo del estudiante, se tardaron tres meses para que se pudiera tomar una muestra genética del cuerpo.
Finalmente el GIEI emitió 22 recomendaciones hacia el gobierno federal sobre cómo atender los casos de desaparición forzada.
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