miércoles 12 junio 2024

El gobierno va contra ONU por Tren Maya, pero evade cuestionamientos

por etcétera

Como “descalificaciones” consideró el gobierno mexicano los juicios que en días pasados han vertido “diversos actores, en especial la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), debido a que al prejuzgar “sobre hechos futuros relacionados con el proyecto de desarrollo, abonan a un clima de incertidumbre y de falta de respeto a la legítima voluntad que han expresado las comunidades indígenas”. Sin embargo, el documento no responde a diversos cuestionamientos del organismo internacional.

El gobierno considera que el proceso de consulta se realizó “en un marco de respeto, buena fe y sin ningún tipo de simulación o manipulación”. Y desglosó su posición en siete puntos:

1.     El gobierno adecuó los estándares internacionales a las características específicas del Proyecto de Desarrollo Tren Maya.

2.     Así, el protocolo y la convocatoria contemplan una consulta de carácter general a todas las comunidades indígenas ubicadas en el área de influencia del proyecto, y consultas específicas a comunidades que sean susceptibles de sufrir un impacto directo o significativo.

3.     La consulta indígena tuvo un carácter vinculante, como lo anunció el presidente el 15 de noviembre de 2019, y ese carácter tuvieron las 15 Asambleas Regionales Consultivas de los días 14 y 15 de diciembre del año en curso, donde se tomaron acuerdos con autoridades e instituciones representativas de las comunidades indígenas “Por ello, es falso que no se haya contemplado obtener el acuerdo o consentimiento de las comunidades consultadas como lo afirma la ONU-DH México”.

4.     El gobierno considera “aventurado afirmar sin fundamento que las comunidades hayan aprobado el proyecto a cambio de recibir atención a sus necesidades básicas como agua, salud y educación”. En este punto “la ONU-DH México pierde objetividad y asume la posición de una militancia social opositora, válida y respetable desde luego, cuyo único resultado satisfactorio habría sido el rechazo del proyecto, lo cual no fue el caso. Con esta actitud se aparta de su misión de construir las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos humanos”.

5.     “La consulta, dice el gobierno mexicano, se sujetó a reglas y principios que privilegiaron la participación de todos. El protocolo y la convocatoria de la consulta, así como el material informativo, se tradujeron en lengua maya, ch’ol, tseltal y tsotsil; fueron ampliamente difundidos y directamente entregados a las autoridades e instituciones representativas de las comunidades indígenas asentadas en el trayecto del proyecto del Tren Maya”. En este punto, lamenta “ que algunas de las voces que hoy se pronuncian en contra del proceso de consulta y del proyecto de desarrollo, no hayan acudido a las asambleas regionales, a fin de poner en manos de los participantes sus opiniones y críticas, así como su propuesta de desarrollo. Respetamos su posición política, pero no compartimos que la descalificación sea el método para posicionar las demandas que dicen abanderar en nombre de sus organizaciones”.

6.     Las autoridades mexicanas afirman que “no existe acuerdo alguno en el que las comunidades y pueblos indígenas autoricen el despojo de sus tierras, la destrucción de su cultura o la devastación del medio ambiente”.

7.     Señala que el gobierno de México está abierto a la crítica constructiva, pero “no contribuye a este propósito la descalificación ni la crítica simple, sin sustento, ligera y parcializada”.

El comunicado del gobierno concluye anunciando que se continuará el diálogo.

Sin embargo, el comunicado del gobierno mexicano deja sin responder varias críticas formuladas por la ONU-DH México, a saber:

1.     La convocatoria y el protocolo de la consulta podrían “dar a entender que el proyecto se hará independientemente del resultado de la consulta”.

2.     La información ofrecida sólo hacía referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a sus impactos negativos, lo que fue dificultado por la ausencia de estudios (un medio reporto que el titular de la Semarnat reconoció que aún no hay estudio de impacto ambiental, por ejemplo).

3.     El documento de la ONU-DH también resalta la baja participación y representación de las mujeres indígenas en el proceso.

4.     Sobre los comités de seguimiento, ONU-DH señaló que “no hubo claridad sobre los acuerdos alcanzados, quiénes participarían en los mencionados comités, ni cómo operarían”.

5.     La ONU-DH pone énfasis en el compromiso de realizar consultas adicionales sobre las afectaciones que podría provocar el proyecto, lo que será cuando se cuente con los estudios correspondientes, en los que pide sean incorporadas la información y participación de los indígenas, además de un enfoque de derechos humanos.

Asimismo, el gobierno mexicano omite mencionar diversos reconocimientos que le hace la ONU-DH México (que, en su comunicado del jueves pasado, mencionó que estuvo presente en cuatro de las 15 asambleas regionales de los días 29 y 30 de noviembre, y en 8 de las 15 reuniones realizadas los días 14 y 15 de diciembre), como sus esfuerzos por garantizar los derechos de los pueblos indígenas, la participación de varias entidades gubernamentales en la materia y que “los diálogos con las comunidades indígenas de la región en relación con el proyecto hayan iniciado antes de su definición y ejecución.

También te puede interesar