La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) llamó a los funcionarios de todos los niveles, entre ellos al presidente de la República, a apegarse a la prohibición de promocionar la revocación de mandato.
En la sesión virtual que esa Comisión realizó este lunes para resolver varios asuntos y en ocasión de algunas quejas al respecto, sus integrantes decidieron, de manera preliminar, convocar a los funcionarios públicos de todos los ámbitos y niveles de gobierno, entre los que incluyen al presidente de la República a ajustarse a lo que establece la Constitución sobre la revocación de mandato.
Al respecto, la Comisión recordó la prohibición de utilizar canales o vías oficiales de comunicación y la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no afectar la equidad en el proceso democrático mencionado.
Al respecto, cabe destacar que la Constitución, en su artículo 35, establece que no se podrán usar recursos públicas para la recolección de firmas ni para la propaganda del proceso, y que la promoción de la revocación de mandato estará a caro del INE y de los organismos públicos locales.
Además, durante el proceso se debe suspender la difusión de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, y sólo se podrán realizar campañas de información referentes a la educación, la salud y protección civil.
En su sesión del pasado 1 de noviembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la validez de lo establecido en la Ley Federal de Revocación de Mandato en el sentido de la prohibición de que el presidente de la República opine o informe acerca de su propia continuidad en el cargo. Ese órgano ratificó que sólo el INE tiene la facultad para usar recursos públicos para informar y promover el proceso de revocación de mandato.
Pese a esa resolución del Tribunal, apenas un par de días después, en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ignorante de si podía hacerlo o no, finalmente le importó nada la legalidad e invitó a participar en la revocación de mandato.
Ello motivó que el PRD pidiera una medida cautelar contra el presidente y el coordinador de Comunicación del gobierno federal por el uso indebido de recursos públicos y promoción ilegal de la revocación de mandato.
Por estos hechos, solicitó, bajo la figura de tutela preventiva, se ordenara al Presidente de la República, así como a cualquier servidor público del gobierno federal, abstenerse de incluir en sus discursos posturas relativas a la promoción de la figura de Revocación de Mandato.
Sin embargo, la Comisión consideró que la realización del proceso aún no se ha definido porque se deben cumplir los requisitos establecidos en la Constitución, por lo que declaró improcedente la tutela preventiva promovida por el PRD.
