Un juez de Garantías ordenó reabrir una investigación penal contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y su exsecretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, por peculado y enriquecimiento ilícito.
El juez Eduardo Alexis Ornelas Pérez ordenó al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado reabrir la indagatoria tras concluir que el exfiscal de la Zona Centro, Sergio Almaraz, fue coaccionado para declarar el no ejercicio de la acción penal sin haber iniciado la investigación o haber desahogado las pruebas presentadas.
De acuerdo con el expediente 234/2016, la denuncia contra los exfuncionarios estatales fue presentada el 25 de mayo por Joaquín Medina Rosales y fue archivada 10 días antes de que concluyera el mandato de Duarte.
Una vez que entró la nueva administración, se apeló el no ejercicio de la acción penal y este miércoles, en audiencia, el juez Ornelas Pérez avaló la petición. Ninguno de los acusados estuvo presente en la diligencia por “problemas de salud”, según lo expuesto por sus abogados.
Los delitos se habrían cometido a través del fideicomiso de 65 millones de pesos que creó César Duarte en el banco Banorte y que después traspasaría al Banco Unión Progreso o Banco Progreso Chihuahua, dirigido por Herrera cuando aún era secretario de Hacienda del estado.
Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó iniciar un proceso oficioso contra el exmandatario estatal por un presunto desvió de recursos públicos a favor del PRI.
“Es necesario que esta autoridad electoral cuente con elementos de convicción que le permitan determinar la acreditación de la probable responsabilidad de conductas infractoras en materia de fiscalización por parte del PRI”, determinó el Instituto, de acuerdo con el reporte de El Financiero.
Por ello, se solicitó información al secretario de Finanzas y Administración del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Luis Vega Aguilar; al secretario de Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal , Pedro Mauli; al actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y a la secretaria de la Función Pública del estado, Rocío Stefany Olmos Loya.
(Con información de Proceso)
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