Los propios aparatos gubernamentales impiden la protección a periodistas pues permiten omisiones y dilaciones en los casos, expuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México”.
“Han surgido inercias en los aparatos gubernamentales como respuesta a las susceptibilidades producidas por la crítica u opinión emitida desde la actividad periodística, acciones u omisiones que amenazan el ejercicio pleno de la libertad de expresión, mismas que se traducen cada vez más en frecuentes violaciones a los derechos humanos que se realizan de forma directa e indirecta”, se lee en el comunicado.
La CNDH recordó que “la consolidación de un Estado democrático no puede prescindir de la libertad de expresión, puesto que es uno de los derechos que le sirven como sustento y dan vida a las instituciones democráticas, ya que en este derecho se garantiza la participación del pueblo en la elección de sus gobernantes y del destino de las naciones”.
Según el organismo desde el 2000 y hasta el 31 de enero de este año han asesinado a 100 comunicadores; 20 han sido desaparecidos desde 2005, y se han registrado al menos 48 atentados contra medios de comunicación desde 2006.
La Comisión refiere que desde el 2010 ha recibido 515 quejas por agresiones a periodistas, mismas que en el 90% de los casos han quedado impunes y sin castigo a responsables.
Lo anterior sin mencionar las 176 averiguaciones previas que existen (desde el año 2000 a la fecha) por homicidio o desaparición, de las cuales 106 están en trámite, 45 en están en integración desde hace cinco años y una tiene 15 años en integración.
Nuevamente, se señala a Veracruz como la entidad donde se registra el mayor porcentaje de agresiones con 14.6% de los casos, seguida de Tamaulipas con 11.9%, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca con 11% cada una.
“Por lo anterior, este organismo nacional dirige puntos recomendatorios a diversas autoridades, en donde, de acuerdo con las atribuciones de cada instancia, se solicita el esclarecimiento de los casos y se agoten todas las líneas de investigación; la revisión exhaustiva de las averiguaciones previas y su resolución”, concluye,
La recomendación 24 está dirigida a todas las autoridades de todos los diferentes órdenes de gobierno: Procuradoría General de la República, secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, gobernadores de los estados, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, comisionado Nacional de Seguridad, presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, procuradores y fiscales generales de Justicia, secretarios de Seguridad Pública estatales, presidentes municipales y jefes delegacionales.
mahy
