La tarde de este miércoles la Procuraduría General de la República (PGR) entregó a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa el “Informe sobre el Caso Iguala: Estado que guarda la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero”.
El documento en sí es un recuento cronológico de las acciones e indagaciones hechas por la instancia judicial desde el 4 de octubre de 2014, fecha en que atrajo la investigación, hasta el 30 de abril del año en curso.
En un mensaje a medios el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos, detalló a grandes rasgos el contenido del mismo, no obstante enumeró 15 consideraciones que tienen que ver con la principal línea de investigación que mantienen sobre los hechos: el grupo criminal Guerreros Unidos.
Según lo expuesto, la toma de autobuses por parte de los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala provocó la violenta reacción del grupo criminal.
“Guerreros Unidos” ha venido disputándose áreas de influencia con otras agrupaciones delincuenciales y en su desarrollo ha tejido una red de complicidades, especialmente en Iguala y Cocula; infiltrándose como se investiga en diversas indagatorias penales, en los cuerpos de seguridad municipales, proveyéndolos de recursos económicos, y coludiéndose con diversos servidores públicos de ese orden de gobierno.
“El modo de operar en contra de sus enemigos al parecer, atiende adversos factores, principalmente su pertenencia a otra banda delictiva; que genera desmanes en su territorio y que ‘calienten la plaza’. De darse alguno de estos detonantes, la respuesta sería altamente violenta, privando de la libertad a las personas directamente o presuntamente a través de la policía municipal; torturándolas, privándolas de la vida, incinerándolas e inhumándolas.
“Conforme a lo anterior, los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, arribaron al municipio de Iguala y entraron a la ciudad para tomar camiones y llevárselos de regreso a esa institución; situación que motivó a una célula del grupo delictivo Guerreros Unidos, a actuar presumiblemente en su contra, solicitando, según las evidencias recabadas hasta el momento, a elementos de las policías de Iguala y Cocula que los detuvieran y se los entregaran, para privarlos de su libertad, interrogarlos y presuntamente privarlos de la vida”.
Estas conclusiones no son nuevas, es la principal línea de investigación que en su momento el exprocurador Jesús Murillo Karam dio a conocer en enero de 2015 en la llamada “verdad histórica”.
Sin embargo, según dijo el exprocurador, otras líneas se han agotado sin obtener resultados y la del grupo criminal es la que cuenta con mayores indicios.
Aún así aseguró que la instancia no descarta “seguir investigando con toda exhaustividad las demás líneas de investigación contenidas en el expediente y las que en su desahogo se presenten”.
Sobre el caso, la PGR también informó de la sustitución de dos funcionarios de alto rango en torno a las pesquisas de la desaparición de los 43 estudiantes.
Se trata de José Aarón Pérez Carro y Sara Medina, mismos que en medio de críticas por las fallas cometidas en el proceso, serán sustituidos por Aldredo Huguera como nuevo titular de la oficina de investigación del caso, y Jorge Zuñiga como director de Servicios Periciales.
