El gobierno de Tabasco, que encabeza el morenista Javier May, presume que en el primer año del sexenio redujo la deuda pública del estado en aproximadamente 294 millones de pesos, pero en los reportes trimestrales enviados a la Secretaría de Hacienda reporta que la misma deuda no baja, sino sube casi 950 millones de pesos.
No se trata de una acusación de la oposición ni de un cálculo externo. La contradicción aparece en documentos oficiales del propio gobierno estatal y del gobierno federal.
Una revisión de la Cuenta Pública 2025, documento presentado al congreso local, revela que al cierre de 2024, Tabasco reportó una deuda pública de largo plazo de 5,046.2 millones de pesos y para el cierre de 2025, el saldo neto quedó en 4,752 millones.
De acuerdo a esa versión, el gobierno logró una reducción de aproximadamente 294 millones de pesos gracias en parte a la renegociación de la deuda heredada por anteriores administraciones.
La versión optimista se completa con otro dato políticamente rentable: después de haber renegociado a 20 años los compromisos con la banca privada y la de desarrollo, la afectación del Fondo General de Participaciones bajó de 24.30% en diciembre de 2024 a 13.74% en diciembre de 2025.
En el discurso oficial, eso permite vender la operación como saneamiento financiero, liberación de participaciones y reducción de deuda.
Sin embargo, en los formatos trimestrales reportados a Hacienda bajo la Ley de Disciplina Financiera, la lectura cambia.
Ahí la deuda de largo plazo arranca en 2025 desde 3,801.3 millones de pesos en el primer trimestre y al cierre del cuarto trimestre aparece en 4,751.7 millones, lo que representa un aumento de casi 950 millones de pesos, a raíz de la renegociación.
Truco contable, dos maneras de informar
Para Lorena Beaurregard, ex candidata al gobierno de Tabasco por la alianza PRI-PAN, la contradicción es un truco contable y aunque no es prueba por sí sola de alguna irregularidad contable deliberada, sí exhibe una falla grave de transparencia.
“Si las dos cifras son oficiales, el gobierno está obligado a explicar cómo se reconcilian. Debe decir, crédito por crédito, si en un documento reporta saldo bruto, saldo neto, saldo contractual, saldo insoluto, valor respaldado por bono cupón cero o alguna otra forma de medición”, indicó.
“Sin esa conciliación, el ciudadano queda frente a dos verdades oficiales que son incompatibles y una de ellas necesariamente es falsa”, recalcó.
Por su parte, Alberto Naranjo Cobián, dirigente estatal del Frente Cívico, llamó la atención de que con la renegociación de la deuda a 20 años, la administración no puede presumir un alivio presupuestal para 2026.
En 2025, expuso, el presupuesto para deuda pública fue de 997.3 millones de pesos y para 2026, el gasto previsto bajó sólo a 894.8 millones. “La diferencia es de 102.5 millones de pesos, apenas 10.3% menos, mientras que haber enviado a tres sexenios la deuda, le va a costar al estado casi mil millones de pesos más”, expresó.
