En una conferencia de prensa de apenas 10 minutos y sin aceptar preguntas, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa de ingreso, así como a su esposo, Carlos Torres Torres. La mandataria morenista afirmó que se trata de una “decisión administrativa” y negó haber cometido delito alguno.
“Que el Departamento de Estado de Estados Unidos haya cancelado mi visa no significa que yo haya cometido algo malo, es una decisión administrativa, no una acusación, no hay delito, no hay una falta”, expresó flanqueada por miembros de su gabinete. Aseguró estar tranquila, con la conciencia limpia, y atribuyó la difusión del caso a una campaña política en su contra.
“Respeto profundamente la soberanía del gobierno de Estados Unidos y reconozco su facultad administrativa. Estoy convencida de que la verdad y el tiempo pondrán todo en su lugar”, dijo.
La gobernadora enfatizó que su gestión continuará, a pesar de no poder cruzar la frontera, y evitó hacer mención sobre la situación de su esposo o su posible separación de los cargos honoríficos que ocupa en el gobierno estatal.
No obstante, las palabras de Ávila contrastan con lo revelado este lunes por el periodista Mario Maldonado en su columna para El Universal, en la que cita fuentes del gobierno estadounidense y mexicano que señalan que la revocación de la visa estaría relacionada con presuntas investigaciones por corrupción y vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con Maldonado, las autoridades estadounidenses habrían enfocado su atención en el patrimonio de la pareja, particularmente en los bienes en Estados Unidos supuestamente adquiridos a través de prestanombres, y en una red de negocios con empresarios vinculados a la gobernadora, entre ellos los hermanos Juan Manuel y Luis Jaime Lameiro Camacho.
Además, se indica que la frecuencia con la que Ávila y Torres cruzaban la frontera —y su arraigo en California, donde se presume que residen— fue un factor clave para priorizar este caso en la llamada “lista negra” de funcionarios mexicanos bajo investigación por colusión con grupos criminales, en particular con cárteles considerados organizaciones terroristas.
Maldonado también refiere que el caso ha generado alertas dentro del propio gabinete de seguridad federal, y que la presidenta Claudia Sheinbaum está al tanto del alcance que podría tener este proceso, del cual Marina del Pilar sería apenas el primer nombre revelado.
En su mensaje de hoy, Ávila Olmeda también denunció que ha sido objeto de violencia política de género, y reiteró que no tiene nada que ocultar: “No le busquen, no hay nada que esconder, no hay nada que averiguar para dañar mi imagen”, concluyó.
