De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, en caso de que el Congreso de la Unión no aprobara la creación de la Guardia Nacional, los elementos de las fuerzas armadas tendrían que regresar a sus cuarteles, porque no existiría un sustento legal para mantenerlos en las calles efectuando labores de seguridad.
Al comparecer ante integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el funcionario insistió en que no se debe continuar con el anterior esquema de “simulación”, y reiteró que la única salida a la problemática de violencia que vive el país es la Guardia Nacional, a cargo del Presidente de la República y con el mando operativo de la Sedena.
Según reporta El Universal, Durazo Montaño insistió ante los legisladores sobre la importancia de la Guardia Nacional y advirtió que sería irresponsable quitar a los militares de las tareas de seguridad, dados los altos niveles violencia que se registran en diferentes estados del país; es un lujo que no puede permitirse, dijo.
“La urgencia en el ámbito de seguridad es evidente, y en consecuencia, para el gobierno la aprobación de la Guardia Nacional es un instrumento imprescindible para estar en condiciones de garantizar mejor seguridad a la población”, adujo.
Las palabras del secretario fueron tomadas como una amenaza por parte los legisladores de oposición; la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, consideró que el funcionario busca chantajear al Legislativo, mientras que el panista Raúl Gracia, señaló que el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval tendría que haber asistido a la reunión para dar una explicación sobre el papel de la Sedena en la Guardia Nacional. Incluso la vicecoordinadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Tatiana Clouthier, expresó su desacuerdo con el tono empleado por el secretario y manifestó que es preocupante la premura con que se quiere la reforma constitucional.
Durazo se justificó con el argumento de que la ola de violencia que dejó la estrategia aplicada en los dos sexenios anteriores, demanda una acción inmediata y efectiva para hacerle frente y no dejar desprotegida a la población.
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