En vísperas de que inicie en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la discusión sobre la constitucionalidad de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, se conoció que la ministra ponente, Margarita Ríos Farjat, plantea aprobarla. Esto ocurre en un contexto de creciente militarización del país.
Ríos Farjat, quien llegó a la SCJN en diciembre de 2019 propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, propone declarar infundada la controversia constitucional planteada contra la participación militar en tareas de seguridad pública porque el Poder Ejecutivo habría invadido atribuciones del Legislativo.
Según la ministra Ríos Farjat (quien fue titular del Sistema de Administración Tributaria al inicio de este gobierno, designada por López Obrador), el Poder Ejecutivo contaba con las facultades necesarias para emitir el Acuerdo que profundizó la militarización de la seguridad pública. Pero, por ser un conflicto de competencias y no de un amparo, el proyecto no incluye ningún pronunciamiento. Además, por tratarse de un acuerdo administrativo y no de una ley, el caso será discutido en la Primera Sala y no en el Pleno, aunque podría pasar a este el año próximo.
El 11 de mayo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que ordenó la militarización de la seguridad pública hasta marzo de 2024. Antes de llegar al poder, el político tabasqueño se había pronunciado en varias ocasiones por el regreso de los militares a sus cuarteles. Ya en la presidencia, ha llevado la participación del Ejército hasta niveles insospechados.
Desde su publicación el acuerdo presidencial fue calificado de inconstitucional. Al mes siguiente la panista Laura Rojas, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presentó una controversia constitucional por el acuerdo.
“La controversia expone las razones por las cuales estimo que el acuerdo se aleja de los parámetros que establece la Constitución para el despliegue de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública, dejando de nuevo al Ejército y la Marina sin un marco jurídico que le dé certidumbre a su actuación”, explicó entonces Rojas en un comunicado.
El contexto en el que se discutirá el acuerdo de López Obrador para militarizar la seguridad pública es el de un aumento alarmante del poder del Ejército, no sólo en ese ámbito sino en muchos otros de la administración pública. Además de que en días pasados el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, prácticamente hizo propaganda política al declarar que “como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha”.
Asimismo, el pasado lunes el presidente emitió un acuerdo para la aprobación fast track y la opacidad de sus obras de infraestructura si él las considera de interés público y de seguridad nacional. Varias de esas obras están a cargo del Ejército.
Este martes Rojas reprodujo en su cuenta de Twitter un artículo de Catalina Pérez Correa en El Universal, en el que menciona que en el CIDE se produjo un Inventario Nacional de lo Militarizado, en el que se da cuenta de que en los últimos 12 años cuando menos 246 facultades civiles han sido transferidas a la Fuerzas Armadas, y no sólo en tareas de seguridad pública sino en muchas otras de carácter civil: construcción de infraestructura, administración de programas sociales, de puertos y aeropuertos, control de migración, vigilancia de carreteras, etc.
(Al respecto es menester mencionar que en su conferencia de prensa de este martes, López Obrador dijo que, en caso de ser necesario, las Fuerzas Armadas se encargarán de la distribución de medicamentos en todo el país).
Sobre el asunto en la SCJN, Pérez Correa es lapidaria: “Pese a la importancia del caso y el alcance del Acuerdo presidencial, la Corte pretende resolverlo en una Sala, con solo 5 ministros presentes. El argumento es que no se trata de una norma con efectos generales, lo cual ya implica prejuzgar sobre el argumento principal de la controversia: que el Ejecutivo usurpó facultades del Legislativo”.
Además, Pérez Correa dice que la argumentación del proyecto de Ríos Farjat como “paupérrima y formalista” que evita entrar en el fondo del asunto para declarar constitucional el acuerdo.
“Es una burla que se pretenda resolver de pasada y sin siquiera convocar al Pleno, de espaldas a la sociedad y a las víctimas de violencia de este país”, concluye Pérez Correa.
