Después de su abrupta salida del gobierno federal causada por el escándalo de su boda, Santiago Nieto Castillo manifestó su voluntad de guardar silencio y moderación en los que llamó “tiempos revueltos”.
A cuatro días de su enlace matrimonial con Carla Humphrey y después de presentar su renuncia al cargo de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el pasado lunes por la noche, este miércoles por medio de su cuenta de Twitter Nieto Castillo envió un mensaje de agradecimiento, recogimiento, resignación y discreción.
“Agradezco las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios, pero en tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta, como siempre ha sido en mi vida. Silencio, reflexión y paciencia. Primero decisiones personales, familiares y después políticas”.
Ave de las tempestades durante los dos últimos gobiernos federales (sus partidas de ellos no fueron muy agradables), muy alejado de la mesura y la discreción, pese a ello Nieto Castillo podría ser aprovechado por el Senado de la República como asesor, según consideró el martes pasado Ricardo Monreal Ávila, ya que la ley no le permite laborar en la iniciativa privada.
Debido a esto último, el martes pasado, en conferencia de prensa, el senador de Morena comentó que recordaba muy bien “la reforma que hicimos en materia de austeridad”, en la que “había primero cinco años, luego 10 años” para que un servidor público, tras dejar su cargo, no pueda trabajar en el sector privado.
Sobre ello, dijo que “es discutible, pero obviamente es una reforma que hay que meditar bien porque no es correcto y no es justo que a un servidor público que tiene capacidad y talento se le vaya a prohibir incorporarse en alguna actividad para sobrevivir, ya no para otra cosa”.
En octubre de 2019, hace dos años, el Congreso aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana, en la que se estableció una prohibición de 10 años para que un exfuncionario de alto nivel pueda trabajar en la iniciativa privada tras dejar su cargo, fundamentalmente porque pueden utilizar la información privilegiada obtenida en el gobierno.
En el artículo 24 de la ley mencionada se estableció lo siguiente: “Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”.
Además, entonces se incluyeron reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Entonces la oposición, los congresistas de PRI, PAN y PRD, se opusieron a tal medida, mientras que el oficialismo fue quien la impulsó.
