Durante una sesión preliminar, ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia se manifestaron a favor de invalidar el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que penaliza con cárcel a toda mujer que practique un aborto, por considerar que dicha norma contraviene los derechos asentados en la Constitución.
Durante el debate, ocho de 11 ministros adelantaron el sentido de su voto a favor del proyecto. Se prevé que la votación se realice este martes 7 de septiembre. Con esos ocho votos, el proyecto sería aprobado, aún si los restantes ministros votasen en contra.
Al respecto, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, llamó a tomar una postura más radical, en el sentido de “reconocer de una vez por todas el derecho Constitucional a interrumpir el embarazo”, ya que penalizar el aborto atenta contra las niñas y mujeres más pobres del país.
En sesión realizada este lunes, los ministros debatieron un proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar, para dictaminar que el mencionado artículo del estado de Coahuila es inconstitucional. De resolver en este sentido, por extensión, el mismo criterio se debería aplicar a todas las legislaciones estatales que penalicen el aborto.
Ello implicaría que se diera la instrucción a los Congresos estatales de adecuar la legislación vigente en el sentido de la resolución de la Corte.
Hay una diferencia clave entre el proyecto del ministro Aguilar y la postura señalada por Zaldívar: mientras que el primero habla de la inconstitucionalidad de toda ley que penalice el aborto, el segundo habla de elevar a rango constitucional, de manera expresa, el derecho al aborto.
Al presentar su proyecto de sentencia, el ministro Aguilar señaló que se trata de una “oportunidad histórica para este país y para este Tribunal Constitucional de la República de defender los derechos de la mujer y de las personas con capacidad de gestar a la libertad de decisión sobre su vida, su cuerpo y su libre elección a ser o no ser madre, sin que pese sobre ella una sanción penal, de cualquier tipo, por benigna que parezca”.
El artículo a debate, del estado de Coahuila, castiga con uno a tres años de prisión a cualquier mujer que interrumpa voluntariamente su embarazo y toda persona que la haya apoyado en el proceso.
De verificarse en la votación el sentido del debate, será la primera vez que la SCJN declare inconstitucional la penalización del aborto. Este debate ha esperado muchos años. A la fecha, el aborto sólo es legal en cuatro de 32 entidades: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.
Si la votación formal se da en el mismo sentido que se perfiló este lunes, ello supondría una revolución legal, ya que las 28 entidades que actualmente castigan el aborto (bajo diversas condiciones y causales) se verán obligadas a legislar para modificar sus códigos penales.
El proyecto de sentencia señala que la penalización del aborto viola el derecho de “mujeres y personas gestantes a decidir sobre su vida”, su salud sexual y reproductiva y sexual. También viola el derecho a la no discriminación por razones de género y condición de pobreza-
Debido a que tales derechos tienen rango constitucional, su observancia tiene prioridad y según establece la propia Constitución, cualquier ley, norma o reglamento que implique atentar contra derechos constitucionales, no puede tener validez.
De ahí que diversos colectivos en todo el país hayan interpuesto acciones de inconstitucionalidad en contra de las legislaciones estatales que penalizan el aborto.
Y, como mencionamos arriba, además del proyecto del ministro Aguilar está la postura presentada por el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, que defiende que de la propia Constitución se infiere directamente el derecho al aborto.
De acuerdo con el ministro presidente, de la Constitución se desprende el derecho al aborto voluntario y es momento que la SCJN lo reconozca de manera clara y expresa. Este derecho, según dijo durante el debate, debe reconocerse sin causales hasta la doceava semana de gestación, y sin restricción temporal si el feto es inviable, el embarazo sea resultado de una violación o esté en peligro la salud o la vida de la madre.
Durante el debate, que se realizó mientras a las afueras de la sede de la Corte grupos religiosos se arrodillaban para rezar que no fuera despenalizado el aborto, la ministra Yasmín Esquivel afirmó que esta medida no implica fomentar su práctica, sino únicamente “no criminalizar a la mujer que así lo decida”.
“No debe tolerarse estigmatizar a la mujer por tomar la decisión de interrumpir el embarazo como ejercicio pleno de su dignidad humana”.
El ministro Aguilar afirmó que el derecho a decidir permite a las mujeres y personas con capacidad de gestar elegir quiénes quieren ser. Además, favorece el reconocer a la maternidad como un acto voluntario y un camino personal “que puede o no desear recorrerse”.
En tanto, algunos grupos religiosos se manifestaron a las afueras de la SCJN, portando pañuelos azules, imágenes religiosas y pancartas con la leyenda “salvemos las dos vidas”, la consigna que han utilizado de un tiempo a la fecha, para argumentar que se debe salvar tanto a la madre como al feto, sin recurrir jamás al aborto.
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