Ante los recurrentes desacatos de diversas autoridades a suspensiones dictadas por juzgadores federales en el proceso de la reforma judicial, el Consejo General de la Abogacía Mexicana (CGAM) manifestó su preocupación y denunció los daños que ello causa al Estado de derecho.
Durante el proceso de discusión, aprobación e implementación de la reforma judicial ha habido varios desacatos a suspensiones de jueces federales: cuando menos hubo cuatro cuando la Cámara de Diputados al procesaba en la Magdalena Mixhuca, otro con su publicación en el Diario Oficial e incluso con la decisión del Consejo de la Judicatura Federal de entregar la información de puestos y jueces para la “tómbola” que se realizará este sábado.
Ante ese desastrado proceso, este jueves el CEGAM, que agrupa a importantes organizaciones profesionales de juristas (la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México) manifestó en un comunicado “su grave preocupación por el deterioro del Estado de Derecho en nuestro país, particularmente reflejado en el reiterado desacato, por parte de diversas autoridades, de múltiples suspensiones emitidas por diversos Juzgados y Tribunales Federales sobre la Reforma Judicial”.
Recordó que las suspensiones en los juicios de amparo “materializan los derechos humanos al acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo”, los que se encuentran tanto en la Constitución de nuestro país como en la Convención Americana de Derechos Humanos.
El CEGAM también advirtió que el desacato de una suspensión significa “una erosión perjudicial a la regularidad constitucional y al orden jurídico”, así como “la vulneración deliberada a derechos de protección obligatoria para el Estado Mexicano”, además de que el incumplimiento de una resolución judicial es un delito que implica la separación del cargo de la autoridad responsable.
Debido a lo anterior, el CEGAM llama a las autoridades a lo que debería ser obvio: a acatar y a cumplir con las suspensiones emitidas, y si tienen inconformidad con ellas, impugnarlas según lo establecido por la Constitución y la Ley de Amparo.