La pandemia y la política de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han agravado la indefensión de periodistas y defensores de derechos humanos amenazados por el ejercicio de su labor, además de elevar el riesgo de las mujeres de sufrir violencia, asegura el informe Situación de la defensa de derechos humanos y libre expresión en México, divulgado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y otras organizaciones.
En el sitio web cejil.org está disponible un comunicado de prensa y dos versiones del informe, el cual señala que la situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas “se ha agravado en el país a partir de la emergencia sanitaria, económica y social generada” por la pandemia de COVID-19.
El informe actualiza la situación de los derechos humanos en México a octubre de 2020. Brinda un panorama general de la situación de los derechos ciudadanos, de mujeres, periodistas y defensores de derechos humanos. Habla de diversas problemáticas relacionadas con feminicidios, violencia familiar y de género, abuso sexual, militarización, libre expresión y libre tránsito, derechos sexuales y reproductivos, derechos de niñas, niños y jóvenes, migración, víctimas de desapariciones y otros temas. Todo ello, en el contexto de la pandemia.
“Se han intensificado y diversificado los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes han visto limitadas sus estrategias e instrumentos de defensa por la necesidad de implementar medidas de distanciamiento y confinamiento social”.
Dice que en el caso de las y los periodistas, la emergencia sanitaria “ha reflejado las crisis económica, social y política que agudizan las condiciones estructurales de la labor periodística en México”. Se registraron 112 agresiones contra la prensa relacionadas con coberturas de la pandemia y el asesinato de 6 periodistas, siendo la Ciudad de México la entidad con mayor número de incidentes.
Asegura que algunas de las medidas adoptadas durante la presente crisis de salud “han dado margen para arbitrariedades por parte de autoridades y en ocasiones han tenido un enfoque punitivo desproporcionado”, como implementar restricciones al libre tránsito, contrarias a la Constitución, como el caso de Giovanni López Ramírez, joven muerto a manos de la policía, luego de ser detenido por no traer cubrebocas.
Manifiesta que el gobierno federal ha vuelto más severas las medidas de austeridad, debido a la crisis económica derivada de la pandemia, lo que ha resultado en la reducción del presupuesto de programas e instancias de derechos humanos, derechos de la mujer y atención a migrantes.
“La violencia contra la mujer se ha recrudecido durante la pandemia a través del aumento de la violencia en el espacio privado; de las agresiones contra mujeres a través de internet; de la violencia contra niñas, niños y adolescentes; un mayor riesgo de explotación sexual; mayores obstáculos para acceder a servicios esenciales; paralización del acceso a la justicia; falta de acceso a servicios básicos de salud sexual y reproductiva; falta de recursos para refugios y la limitación de la capacidad de apoyo desde la sociedad civil”.
Recuerda la medida aprobada por el partido en el poder, respecto a la extinción de diversos fideicomisos.
“El Congreso también aprobó la extinción de distintos fideicomisos, incluido el 10232, creado para costear las medidas de protección del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas, así como el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”.
Luego de brindar cifras sobre las diversas problemáticas en materia de derechos humanos, el informe realiza un exhorto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a monitorear de manera cercana la situación en el país para “alentar y coadyuvar en el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en la materia”.
“El informe exhorta también a la Unión Europea y al cuerpo diplomático en México a que acompañen las denuncias y condena en los casos de agresiones a periodistas ante las instancias pertinentes a nivel nacional y multilateral”.
