El abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, afirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene disposición de trabajar nuevas líneas de investigación, pero sólo en lo privado y no a nivel mediático.
“Hay voluntad de la PGR, es lo que vemos en la reunión, pero eso no corresponde cuando vemos cómo presentan el informe en términos de posiciones mediáticas”, dijo el abogado en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.
“Con nosotros se ve esta voluntad, pero parece que la procuradora (Arely Gómez) navega en esas dos aguas, lo del basurero de Cocula y por otro lado avanzar en las recomendaciones del grupo de expertos”.
Respecto a los avances que han tenido con la PGR, el subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, Santiago Aguirre, precisó que el principal es que las autoridades ya no consideran que el móvil de la agresión contra los estudiantes fue que irían a sabotear un evento político en Iguala.
“Desde nuestra perspectiva hay una rectificación importante en algunos de los temas que se nos habían presentado como explicación de los hechos, especialmente en cuanto a la motivación de los estudiantes para ir a Iguala”, dijo Aguirre en el mismo espacio radiofónico.
“El informe de la PGR descarta por completo esta motivación de ir a sabotear un evento político, que era la explicación que habría hecho razonable la intervención del presidente municipal para ordenar una agresión contra los estudiantes”.
Aguirre refirió que apenas están revisando el libro blanco que les entregaron ayer y, en una primer revisión, encontraron que no está el peritaje completo del equipo argentino sino un comunicado de prensa y que ya se incluye la línea que vincula a la Policía de Huitzuco con los hechos del 26 de septiembre de 2014.
No obstante, el subdirector del Centro Pro insistió en que no es suficiente reconocer que instituciones municipales estaban coludidas con el crimen organizado, pues al ampliarse el número de policías involucradas la hipótesis de que instancias estatales y federales también hayan participado es verosímil.
“El propio expediente nos señala que habría ramificaciones hacia el gobierno estatal, hacia algunas instancias del gobierno federal, principalmente las corporaciones instituidas territorialmente en esa región, líneas de investigación que desde nuestra perspectiva tendrían que agotarse”, sostuvo.
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