La Procuraduría General de la República (PGR) presentó este lunes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad contra leyes que aprobaron los congresos y gobernadores de Veracruz y Quintana Roo para evitar violaciones al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
En un mensaje a medios, el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, detalló que el SNA fue diseñado para detectar actos irregulares en todos los niveles de gobierno.
Sanchez precisó que las leyes en la materia recién aprobadas por los congresos y gobernadores de Quintana Roo y Veracruz se oponen a los lineamientos generales del Sistema, por lo que el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, ordenó iniciar las acciones de inconstitucionalidad.
Por su parte, el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva, explicó que el SNA especifica que los gobiernos locales deben esperar a la aprobación de las leyes que lo conforman (entre ellas la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aún no decretada) para que ninguno de los sistemas se contrapongan.
Por ello “resulta conveniente que la SCJN analice tales reformas toda vez que, ante la falta de competencia de los congresos de las entidades federativas mencionadas, se generará en perjuicio del propio SNA una inseguridad jurídica que pondría en duda las reglas de dicho sistema”, señaló.
Sandoval Silva detalló que lo que buscan con esta medida es que la SCJN determine que los congresos no pueden legislar en la materia y no puede designar fiscales especializados, ni crear órganos relacionados, hasta que no se apruebe el SNA.
Es decir, que el proceso que actualmente se discute en el Congreso de Veracruz para la designación de un fiscal anticorrupción (un acto calificado como blindaje por parte de los críticos y opositores al actual gobernador, Javier Duarte) tendría que ser frenado.
El subprocurador añadió que esto implicaría que tampoco se podría eximir de responsabilidades a ninguna persona física, moral o funcionario público acusado de faltas administrativas graves o del proceso correspondiente.
Minutos después del mensaje, el mandatario veracruzano publicó en su cuenta de Twitter que “los miembros de la terna a magistrados Anticorrupción han declinado” y adelantó que no enviará otra propuesta. Asimismo, pidió a la Comisión de Procuración de Justicia del Poder Legislativo que declara desierta la convocatoria para nombra a un fiscal anticorrupción.
Hasta el momento, ni el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, ni su equipo han hecho algún pronunciamiento al respecto.
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