A un año de los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 presuntos delincuentes, ocho supuestamente ejecutados por militares, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que la recomendación 51/2014, que emitió en torno al caso, ha sido cumplida parcialmente por las autoridades destinatarias.
En un comunicado, el organismo nacional señaló que en oficios dirigidos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Gobierno del Estado de México, ha pedido que acrediten el avance de cumplimiento de los puntos recomendados, para lo cual deben presentar pruebas de que así se hayan hecho.
La CNDH explicó que en total ha enviado 27 solicitudes de información a las dos dependencias, al gobierno de Eruviel Ávila, y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y ha recibido 29 oficios de respuesta.
Una de sus peticiones fue la inscripción de la totalidad de las víctimas directas e indirectas al Registro Nacional de Víctimas, para que tengan acceso a los derechos y beneficios previstos en la Ley General de Víctimas. En respuesta, la CEAV informó que registró a 43 víctimas (22 directas y 21 indirectas).
La SEDENA, en tanto, comunicó que en cuanto a lo relacionado con la reparación del daño y la atención a las víctimas, inició un trabajo de coordinación con la CEAV, la cual precisamente informó a mediados de mayo que 13 familias de las victimas serán indeminizadas con entre 70 y 80 millones de pesos. Una de ellas, ya recibió el dinero que le corresponde.
Asimismo, la instancia militar confirmó que resta determinar la responsabilidad en su ámbito de los servidores públicos involucrados. Además, acreditó el cumplimiento de los puntos relacionados con las medidas de no repetición, consistentes en la impartición de cursos de capacitación y la observancia de manuales de actuación.
Por su parte, la PGR dijo que aún mantiene en integración el desglose de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/161/2014, para investigar la posible responsabilidad de otras personas en los hechos.
Las recomendaciones que tiene por cumplidas es lo relacionado a la consignación de la averiguación previa que se inició por los hechos y el que se hiciera valer dentro de la causa penal las violaciones a derechos humanos, debido a que la PGR formuló conclusiones no acusatorias y el Juez de Distrito ordenó la libertad de las dos víctimas.
Finalmente, el gobierno del Estado de México dio a conocer que ya cumplió con la capacitación del personal ministerial y pericial de la Procuraduría y el de colaboración con la CNDH para el registro de las víctimas ante la CEAV.
Quedan pendientes los puntos relacionados con la indemnización y atención médica y psicológica a las víctimas y la determinación ministerial y administrativa de los responsables de violaciones a derechos humanos, solo como parte de las recomendaciones emitidas por el órgano nacional, ya que a nivel judicial el gobierno del Edomex todavía tiene que aclarar la tortura y vejaciones a las tres mujeres testigos y los errores cometidos al momentos de recabar las pruebas.
La CNDH finalmente reiteró su compromiso con el caso y pidió mayor celeridad en el cumplimiento al resto de las recomendaciones, así como respuestas más oportuna a sus solicitudes de información.
ahea
