El grupo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados hizo un exhorto al Gobierno de la Ciudad de México y a las alcaldías de la capital para cerrar las tiendas Elektra por violación a la declaratoria de emergencia por la Covid.-19 y porque significa una ventaja frente a sus competidores.
Al permanecer abiertas las tienda propiedad del Grupo Salinas, y en concordancia con la política de mantener en actividad normal a sus trabajadores que ha promovido Ricardo Salinas Pliego, ponen en riesgo tanto a ellos como a sus clientes.
Los diputados mencionaron que no se han hecho cumplir las medidas dirigidas a mitigar la propagación al Covid-19: “El caso de las tiendas Elektra es un ejemplo de hasta dónde puede llegar la impunidad y la soberbia de un grupo económico por encima del poder del Estado”.
Los legisladores expresaron también que “mantener establecimientos abiertos, cuando sus competidores respetan la contingencia, se justifica a partir de definiciones personales y arbitrarias del consorcio y no en observación de normas generales dictadas por la autoridad facultada para ello”.
Demás, Grupo Salinas también afirmó que la actividad de sus tiendas son “esenciales para la supervivencia”; sin embargo, los perredistas estiman que en el acuerdo de la Secretaría de Salud en el que se enuncian con claridad las actividades esenciales, y las realizadas por Elektra no están entre ellas, incluso en el nivel local.
Al respecto de ese hecho, los diputados del partido del sol azteca mencionaron la relación privilegiada que Grupo Salinas ha tenido con el actual gobierno, por lo que lo denominan “grupo influyente”.
Al respecto recordó que Salinas Pliego es asesor directo del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin importar que se encuentre litigando para evitar pago de impuestos por más de 32 mil millones de pesos y de ser investigado por un fraude en Fertinal.
Y reclamaron que se debe imponer el Estado frente al poder económico: “La autoridad debe responsabilizarse ante la prevención de la salud y el control de la emergencia sanitaria. No puede estar determinada por las decisiones empresariales de un grupo económico. A menos que ese grupo sea capaz de tener un trato diferente desde el Ejecutivo Federal y mantener una condición de excepción por encima de la autoridad y la ley, nada justifica que el afán de ganancia de un grupo económico esté por encima de la salud pública”.
