Hasta este lunes la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República notificó de la “posible vulneración” de datos personales a los periodistas que tiene registrados en su sistema. Denise Dresser propuso actuar por la vía legal para asegurar los derechos de los comunicadores.
El pasado viernes 26 de enero se dio a conocer en redes sociales la difusión de datos personales de los periodistas que se encuentran registrados en el Sistema de Acreditación de Prensa de Presidencia, entre los que se incluían nombre completo, correo electrónico, Registro Federal de Causantes, fecha de nacimiento, número telefónico y medio que representa, así como imágenes de credencial de elector, pasaporte y acta de nacimiento.
Ese mismo día el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emplazó a la Presidencia de la República para que diera una explicación de la filtración de datos personales en 72 horas, además de que los periodistas afectados debían ser notificados de lo ocurrido.
Julieta del Río, comisionada del INAI, advirtió que el INAI podría inicia una investigación de oficio y los periodistas afectados presentar la denuncia correspondiente por lo sucedido.
Pero no fue sino hasta este lunes por la tarde que la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República empezó a notificar a los periodistas de la “posible vulneración” de la información de su sistema.
En su notificación, esa dependencia reconoce que desde el viernes pasado se tuvo información sobre el “posible” acceso no autorizado a su sistema, y que incluso ese mismo día bloqueó el sitio “Sistema de Acreditación de Prensa”.
Añadió que, en obediencia a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, informa a los afectados “sobre la existencia de una posible vulneración de sus datos personales alojados en el Sistema antes referido”.
Además, la coordinación advierte que realiza las acciones técnicas para salvaguardar la información de su sistema de acreditación, por lo que solicita a los afectados su “valiosa comprensión”.
Sin embargo, no hace ninguna referencia a alguna investigación interna por lo ocurrido ni de sanciones contra los responsables de la filtración.
El sábado Denise Dresser, una de las comunicadoras afectadas por la filtración de los datos del registro de Presidencia, responsabilizó tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como a Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial, “si la información filtrada es usada para dañar a cualquiera de los periodistas afectados. YA BASTA”.
Este lunes, en su conferencia de prensa, López Obrador aseguró que se trató de un hackeo, porque falló la seguridad “o fueron muy buenos los hackeadores. Acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los delincuentes en esta materia de más especialidad en el mundo”.
La tarde de este lunes Dresser respondió a las aseveraciones del presidente, y propuso a los afectados proceder “por la vía legal para asegurar la defensa de nuestros derechos”.
