La iniciativa de reforma constitucional electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador no alcanzó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Ahora se abrirá la discusión sobre el llamado Plan B, que busca cambios en las leyes en la materia, del que ya varios especialistas han señalado crasos errores.
Este martes los diputados discutieron la propuesta de cambios constitucionales en materia electoral que envió el Ejecutivo, pero ya se había anunciado que los legisladores de los partidos de oposición votarían en contra.
Tras la discusión en tribuna, se llevó a cabo la votación al respecto, que dio los siguientes resultados: 269 votos a favor de la reforma constitucional electoral, 225 en contra, y una sola abstención. La mayoría calificada necesaria era de 334 votos a favor.
Ante el muy anunciado rechazo de la oposición a los cambios constitucionales y como ya había anunciado el oficialismo, fue presentado un plan B que consiste en modificar las leyes secundarias para golpear y minar al Instituto Nacional Electoral (INE) y beneficiar al gobierno y al partido en el poder.
Así, este martes Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, entregó dicho plan de reformas a la legislación secundaria cuyo gran pretexto es un supuesto ahorro de 3 mil millones de pesos que se obtendrían de recortes al INE y a los organismos públicos locales electorales, que operan en los estados.
Tras la negativa a la reforma constitucional electoral y apenas recién entregado, ese plan de cambios es presentado por el oficialismo en el pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación por la vía fast track, prácticamente sin conocimiento de los legisladores y sin pasar por comisiones y sin estudios de por medio.
El llamado plan B enviado por el presidente López Obrador muestra severas deficiencias y muestra la ignorancia de sus autores. Así, por ejemplo, el consejero Ciro Murayama envío un par de estocadas contra el proyecto: la primera es que el proyecto dice que se eliminará la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional, el que no tiene tal rama. “O sea, quieren desaparecer algo que NO existe. Así de serios”, tuiteó el funcionario electoral.
La segunda es que Murayama también recordó que el INE cuenta con 32 juntas ejecutivas locales y 300 distritales, pero el plan dice que las últimas serán temporales y no permanentes, lo que reducirá el número de 300 a aproximadamente 260 durante periodo no electoral. “Dicen que 300-300=260. Así cuentan”, escribió el consejero.
Murayama se preguntó: “¿Plan B o ‘V’ de venganza?”.
El abogado Javier Martín Reyes, del CIDE, especialista en materia electoral, consideró el proyecto como “una antología de ocurrencias, obsesiones e inconstitucionalidades”. Ejemplificó con la pretensión de que, a través de la ley secundaria, se busca destituir al secretario ejecutivo, lo que viola la autonomía del INE y la prohibición de leyes privativas.
Otro ejemplo que señala es que se propone que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se abstendrá de resolver asuntos sujetos a resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando esta no conoce de asuntos electorales.
Luis Carlos Ugalde, quien fue presidente del Instituto Federal Electoral, consideró que llevar este martes mismo al pleno el citado plan “atenta contra los principios de la deliberación democrática poner a discusión hoy una propuesta de más de 300 páginas sin que haya sido leída y analizada”. En ese sentido señaló que las reformas implican un análisis detallado que tomaría semanas, por lo que su aprobación puede llevar a “errores o consecuencias indeseables”, además de que manda la señal de que se trata de una revancha.
Sobre la reforma en sí, Ugalde señaló que al buscar reducir costos operativos del INE y eliminar duplicidades con los oples se puede dar lugar a una compactación que puede poner en riesgo la operación eficaz del instituto. Otra amenaza es que se pretende volver temporal el funcionamiento de las 300 oficinas distritales del INE, lo que “significa, en los hechos, que se mata al servicio profesional electoral, que es la fuente de eficacia, imparcialidad e independencia del Instituto”.
Otros temas que resaltó Ugalde son el levantamiento de restricciones a la libertad de expresión de servidores públicos, acotar candados de aleatoriedad para la integración de las mesas de casilla y algunas atribuciones del TEPJF.
El diputado panista Jorge Triana también señaló los siguientes puntos del plan del oficialismo:
§ Eliminan el servicio profesional de carrera
§ Eliminan unidades internas del INE
§ Dan manga ancha a que funcionarios públicos hagan campaña
§ Prohíben al INE y al TEPJF cancelar candidaturas por faltas graves
Por su parte, el analista Juan Ortiz consideró que el plan será impugnado por inconstitucional.
