Organizaciones como Alto al Secuestro y Observatorio Nacional Ciudadano siempre reportan más secuestros que los que acepta la autoridad federal como dato oficial.
Al arranque del sexenio del presidente Peña Nieto los secuestros se dispararon como nunca antes. Ante ello, el gobierno optó por maquillar las cifras.
Lo hizo de la siguiente manera: en 2013 y 2014, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dejó de contabilizar los secuestros denunciados o reportados a las autoridades federales, y sólo contó aquellos que eran llevados ante las autoridades locales. Consultada para esta columna, la Comisión Nacional de Seguridad aceptó esta distorsión estadística.
No sólo sucedió con los secuestros: las presentaciones oficiales de “lo bien” que iba México en materia de combate a la delincuencia incluían también esta trampa aritmética en robos, homicidios, extorsiones. Unos 100 mil delitos por año que fueron escondidos.
Así de flagrante. Así de escandaloso.
De esta manera, durante 2013 y 2014 para el gobierno federal un secuestro sólo contaba en las cifras oficiales cuando era notificado a una autoridad local. Pero si era reportado al Ejército, la Marina, el Cisen, la PGR o la Policía Federal ese secuestro no existía en las estadísticas.
Ante ello, las organizaciones no gubernamentales dedicadas a dar seguimiento a las políticas gubernamentales sobre seguridad lanzaron una campaña para exhibir la incongruencia de los datos oficiales… y tuvieron éxito: a partir de enero de 2015, el SESNSP volvió a contabilizar como secuestros aquellos que se denuncian ante las autoridades federales.
Aquí caben dos paréntesis: el primero es que para tener un pulso de la realidad criminal, hay que sumar la llamada “cifra negra”, los secuestros que son negociados por particulares sin notificar a ninguna autoridad, pero de ellos sólo existen estimaciones, más no datos científicamente comprobables; y el segundo es que organizaciones como Alto al Secuestro y Observatorio Nacional Ciudadano siempre reportan más secuestros que los que acepta la autoridad federal como dato oficial.
