En la recta final del año pasado, a Javier Duarte estuvieron a punto de agarrarlo en Tecún Umán, Guatemala. Según informes de inteligencia oficial a los que tuve acceso, había acudido al lugar, junto con su esposa Karime Macías, a conseguir identificaciones falsas en el mercado negro.
El operativo México-Guatemala para detenerlo en Tecún Umán fracasó y después, a las autoridades federales de nuestro país sólo les llegaban dichos, versiones, tips de dónde podría encontrarse, pero ningún dato duro, nada que se volviera sólido.
Le habían perdido la pista a Javier Duarte, me expresaron. A diferencia de El Chapo —que seguía operando en el mundo de la droga, moviéndose, usando teléfonos, girando instrucciones—, pensaban que Duarte se había escondido como en una madriguera, con la disciplina de no hacer llamadas telefónicas ni mensajear por chats, de quizá ni siquiera tener contacto con sus hijos. Todo, para desaparecer también del mundo digital y anular la capacidad tecnológica de las autoridades para rastrearlo.
¿Qué hicieron entonces? Presionarlo por el lado de la familia política.
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