¿De dónde habrá sacado el presidente López Obrador la invocación a un posible golpe de Estado? ¿Tan sensible estuvo a las críticas las últimas dos semanas, con un nivel de frustración tan bajo, que tuvo que recurrir a esa suerte de chantaje emocional que es la amenaza del golpe de Estado?
Ni la situación ni la coyuntura ni la época son de golpes de Estado. En todo caso, lo más cercano que hemos tenido es un golpe de Estado constitucional que se intenta imponer, con el cobijo del propio gobierno federal, en Baja California, al aumentar inconstitucionalmente el periodo del gobernador Jaime Bonilla de dos a cinco años. Que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, haya sido grabada explicando que la norma persistiría y apoyándola, cuando públicamente se había dicho en contra de esa prolongación de mandato, es inadmisible. Como lo es que como explicación la secretaria haya dicho que no sabía que la grababan. ¿Si lo hubiera sabido, hubiera opinado diferente? ¿Tiene una opinión en público y otra en privado? Para colmo, la grabación no fue de sus adversarios, sino del propio Bonilla, quien estaba trasmitiendo en redes todo lo relativo a su toma de posesión.
Ése, el de Baja California, es un intento de golpe de Estado constitucional. No vislumbro otro en el escenario nacional. No se entiende de dónde lo sacó el presidente López Obrador: el Ejército y la Armada es obvio que están más que insatisfechos con la forma en que son tratados y con una “estrategia” de seguridad en la que les toca recibir los golpes sin derecho a reaccionar. Donde un día son acusados de represores, autores de masacres, ineficaces y al otro se les exige casi todo, desde construir aeropuertos hasta garantizar la seguridad pública sinsiquiera un verdadero reconocimiento por la labor realizada.
Peor aún, a quienes han matado, torturado, mutilado soldados y marinos se les considera una parte del pueblo que debe ser simplemente pacificado. Pero ni una crítica reciben. El Presidente en sus largas horas de exposiciones en torno al tema Culiacán, ni una vez ha criticado a los criminales, ni una vez ha dicho que ellos son los responsables de haber puesto en peligro a la ciudadanía.
El secretario Durazo, para ahondar en el error, declara en la Cámara de Diputados (en una comparecencia lamentable) que después de todo lo sucedido no se puede perseguir a Ovidio Guzmán porque no hay orden de aprehensión en su contra. Por favor, existía el 17 de octubre una orden para efectos de extradición que es exactamente lo mismo, pero aún más: con todo lo ocurrido ese día, ¿a nadie se le ha ocurrido corresponsabilizarlo de lo sucedido en Culiacán?
Mejor que digan que el acuerdo incluyó no volver a perseguirlo.
Los militares y buena parte de la ciudadanía están molestos con el Presidente porque no es consecuente con lo que dice. Porque violando leyes y normas de conducta obliga al secretario de la Defensa a divulgar el nombre y poner en riesgo a uno de sus principales subordinados, simplemente porque le ganó el enojo en una conferencia mañanera en la que todo le salió mal y se vio peor que nunca antes. Se ha tratado de arreglar, pero el daño al coronel involucrado ya se había hecho.
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