Gonzalo Remiro Ródenas, asesor del Gabinete del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque
El derecho humano a la ciencia existe desde que fue recogido de forma muy breve en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948, en el artículo 27. ¿En qué consiste este derecho? En que todos deberíamos participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Más adelante, en 1966, se amplió en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que incluyendo el disfrute (“enjoy” en inglés) del progreso científico y sus aplicaciones. Un derecho que los Estados deberían asegurar a través de la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia (y la cultura). Hasta 2017, el Pacto ha sido ratificado por 166 países, entre ellos España.
Este derecho ha tenido un escaso desarrollo en la legislación internacional de derechos humanos. Para revertir esta situación, Naciones Unidas ha encargado que un comité de expertos realice una Observación General (General Comment) que desarrolle este artículo 15. Este grupo de expertos propondrá recomendaciones a los Estados sobre las medidas a adoptar para el pleno cumplimiento de este derecho.
España está jugando un papel importante en el impulso de esta iniciativa. Uno de los dos ponentes (rapporteurs) del grupo de expertos es el jurista español de la Universidad de Deusto, Mikel Mancisidor. El pasado 9 de octubre de 2018 representantes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades intervinimos en el debate general sobre el derecho a la ciencia, durante la 64 sesión del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. En el debate participaron expertos independientes del grupo de Naciones Unidas, asociaciones culturales y representantes gubernamentales de países como Italia o Países Bajos.
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