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La Red Por la Libertad de Expresión Contra la Violencia a Comunicadores demanda una investigación para esclarecer si se usaron recursos públicos y personal de Notimex para agredir en redes sociales a periodistas y extrabajadores de esa agencia.

Según esa organización, el entorno de riesgo y violencia inhibe el trabajo periodístico, lo que aumenta si se desestiman “las prácticas de acoso en redes cuando hay indicios de que son alentados por instituciones públicas”.

Por ello, la Red solicita la investigación a diversas instancias públicas, como la Junta de Gobierno y el Órgano Interno de Control de la propia agencia, la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Condenó las campañas de odio realizadas para “denostar, difamar, acosar, intimidar, perseguir, amedrentar, agredir y silenciar a periodistas”, en las que incluso ha habido intromisiones en la vida privada de las personas y exhibición de fotografías de menores de edad.

También llamó a cumplir con los artículos sexto y séptimo de la Ley de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que establecen la independencia editorial frente a los poderes públicos, además del respeto a la vida privada, la paz y la moral públicas.

Añadió que “es fundamental que se muestre voluntad política de las instancias del Estado para investigar, esclarecer y resolver los graves problemas que hay en Notimex, así como resarcir los daños de las personas agraviadas”.

Al respecto se debe recordar que sobre el caso de Notimex, tanto en el caso de la huelga como en el del acoso en redes sociales el presidente Andrés Manuel López Obrador y la CNDH han hablado de diálogo, debate y conciliación, así como de acudir a instancias, pero no de una investigación.

La Red manifestó su apoyo a diversos periodistas que han sido víctimas de agresiones en redes, y señaló que “nada justifica las descalificaciones a un grupo de plumas reconocidas, mayoritariamente mujeres, empeñadas en el trabajo de investigación periodístico y académico sobre una institución público, así como el presunto uso de recursos públicos para amedrentar”.

La organización no sólo señala al Estado mexicano, sino también a las redes sociodigitales, que permiten “procesos de automatización, discursos de odio, polarización y movilización de recursos para prácticas que merman la democracia y la libertad de expresión”.

Esa organización es integrada por académicos de diversas universidades, como las autónomas Metropolitana, de la Ciudad de México y de Aguascalientes, así como las Iberoamericana, Veracruzana y de Guadalajara, además del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entre otras instituciones de educación superior.

También forman parte de la Red miembros de organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, Periodistas de a Pie, Quinto Elemento Lab y la Asociación de Periodistas Desplazados de México, además de asociaciones como la Mexicana y la Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación.

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