La reforma a la Ley de Amparo es regresiva y limita los derechos ciudadanos, coincidieron especialistas en Derecho, quienes contradijeron lo expuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia del miércoles aseguró que la modificación busca que la justicia sea más pronta y expedita, pero también que no se abuse de esta figura.
El ministro en retiro Javier Laynez Potisek consideró que una reforma a la Ley de Amparo, como la planteada por el Ejecutivo, pone en el centro a las autoridades y no a los ciudadanos, lo cual debe ser motivo de preocupación.
En entrevista en el espacio de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, señaló que aun cuando el proyecto plantea plazos más breves, está encaminado en facilitar el camino a la autoridad, pues en la exposición de motivos se aduce que la reforma busca que el amparo no sea un instrumento de renuencia ante las “decisiones democráticas”, es decir, da preferencia a los congresistas que emiten las leyes y no a la población que pueda verse afectada por las mismas, de igual forma, se limitan las atribuciones de los órganos jurisdiccionales para defender a los ciudadanos de un posible abuso de autoridad.
Explicó que la iniciativa presidencial agrega causales preocupantes para negar suspensiones, una de ellas en materia administrativa, lo cual implica que si una determinada obra es violatoria de la ley, ésta puede seguir adelante en tanto se decide si quien promueve el amparo tiene razón o no. Lo mismo aplica para casos en que hay presunción de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, mientras éstas se comprueban, pueden continuar.
Consideró que sería deseable un proceso de parlamento abierto donde en verdad se escuchar los puntos de vista de los ponentes, porque lo que se está proponiendo es muy preocupante.
Por su parte, el abogado Luis Eliud Tapia, al igual que el ministro Laynez, afirmó que la reforma a la Ley de Amparo privilegia a las autoridades y no a los ciudadanos; indicó que se limita a ésos el acceso a la figura del interés legítimo y de la suspensión.
En entrevista con Juan Pablo Pérez Díaz en Radio Fórmula, explicó que están en riesgo los amparos colectivos que un grupo de ciudadanos que se sientan agraviados por un acto de autoridad, puesto que se limita al acceso al interés legítimo; éstos se han usado por parte de comunidades indígenas que han visto amenazado su entorno por alguna obra y también por personas procesadas o en reclusión que han sido objeto de tortura.
En su conferencia de prensa de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum admitió que la reforma que envió al Congreso en materia de amparo busca, en efecto, acotar los alcances de esta figura, pero según ella, esto es para que haya justicia más pronta y expedita; como ejemplo puso los casos de procesados que pasan mucho tiempo sin sentencia porque sus abogados promueven “amparo sobre amparo” y con la reforma propuesta, esto se terminaría.
“Que todo el Sistema Judicial sea más expedito, vamos a ponerlo así; que no tengan que pasar 20 años para resolver un caso. Y eso tiene que ver con varias leyes y sus tiempos para poderlo hacer mucho más rápido, la resolución de un caso; que no haya personas que llevan tantos años en la cárcel y que no se sentencian porque hay amparo sobre amparo”, explicó.
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