El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró que la revocación de mandato carece de efectos jurídicos debido a que no se alcanzó la participación del 40 por ciento de electores de la lista nominal. La magistrada Janine Otálora llamó a sancionar los ilícitos cometidos durante el proceso, especialmente por funcionarios.
Este miércoles, la Sala Superior del TEPJF emitió su resolución sobre el cómputo final del proceso de revocación de mandato, cuya jornada electoral se realizó el pasado 10 de abril con escasa participación, lo que finalmente determinó su falta de efectos legales.
El Tribunal ratificó los resultados de la votación de la revocación de mandato que había realizado el Instituto Nacional Electoral (INE): 16 millones 502 mil 636 votos, de los que un millón 63 mil 209 (6.44 por ciento) fueron por la revocación, y 15 millones 159 mil 323 (91.86 por ciento) por la continuación del presidente de la República, mientras que nulos fueron 280 mil 104.
La participación ciudadana en la votación del pasado 10 de abril apenas alcanzó el 17.77 por ciento, muy lejos del 40 por ciento requerido, por lo que la Sala Superior del TEPJF, de manera unánime, que el proceso de revocación de mandato carece de efectos jurídicos. Así, declaró que no procede emitir la declaratoria de validez, y con ello concluyó el proceso.
Además, el TEPJF desechó impugnaciones que fueron promovidas por el presidente de la República, el PRD, el PRI, Movimiento Ciudadano, Morena y el PT.
Twitter/TEPJF
En su intervención en el Pleno, la magistrada Janine Otálora fue dura: dijo que este ejercicio fue un “acto fallido de democracia” debido a los actores políticos, y destacó que la invalidez “no puede tener como consecuencia que las personas que cometieron las irregularidades y realizaron actos que constituyen malas prácticas en materia electoral queden impunes”.
Otálora repudió que el proceso se haya corrompido al haberlo transformado en un ejercicio de ratificación, con lo que contrarió a la Constitución. Añadió que fue violado el principio de neutralidad “por varios actores políticos y este hecho es grave. Tuvieron lugar actos de promoción del proceso por parte de altos funcionarios públicos y de titulares de gubernaturas, desde la etapa de recolección de firmas, contraviniendo la prohibición legal y desacatando las sentencias dictadas por este Tribunal Electoral”.
Añadió que las malas prácticas registradas no se pueden sancionar con la nulidad del proceso, que deberá haber consecuencias jurídicas. “Aparecen hoy figuras fraudulentas del pasado, reactivadas por los propios actores políticos. Por ello, lo que hoy estamos decidiendo es la vía para evitar que la integridad de futuros procesos electorales esté en riesgo”, advirtió con mucha claridad.
En la sesión del TEPJF estuvieron presentes Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE; Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación.
El costo para el INE de organizar el proceso de revocación de mandato fue de uno mil 692 millones de pesos, con un costo por voto de 102.5 pesos. Esto, sin considerar los gastos de promoción de la figura de Andrés Manuel López Obrador, de muchos de los cuales se ignora su procedencia.
