El encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, reiteró que la separación de Santiago Nieto Castillo, fue estrictamente apegada a derecho y conforme a lo establecido en el marco legal que rige a la dependencia.
En un artículo publicado en el periódico El Universal, Elías Beltrán argumentó que Nieto Castillo divulgó, indebidamente, información relacionada con investigaciones en desarrollo que están bajo su responsabilidad.
“Reveló nombres, montos y fuentes de financiamientos a diversos partidos políticos y candidatos independientes que debió mantener en estricta reserva, conforme dispone la Constitución Política y el Código Nacional de Procedimientos Penales”, se lee en el texto.
De acuerdo con Elías Beltrán, Nieto Castillo no respetó los principios de presunción de inocencia y debido proceso de los presuntos involucrados, “lo que podría causar que una persona presuntamente culpable quede impune y en libertad”, indicó.
Precisa que conforme a lo que marca la ley, el Senado tiene la atribución de impugnar la remoción del titular de la Fepade, o en su cargo, designar a un nuevo responsable “que asegure la procuración de la justicia y cumpla con los más altos estándares éticos y profesionales en el desempeño de sus funciones”.
El 18 de febrero, en entrevista para el periódico Reforma, Nieto Castillo denunció que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, le envió una carta para presionarlo para tomar decisiones respecto a la indagatoria que la Fepade lleva a cabo sobre presuntos delitos electorales asociados al caso Odebrecht. En las declaraciones de Nieto Castillo a Reforma, éste no cita montos, ni nombres de otros posibles implicados.
Por su parte, Lozoya Austin difundió el 21 de octubre en su cuenta de Twitter, el documento que su defensa legal, a cargo de Javier Coello Trejo envió al titular de la Fepade. En él se alude a diferentes notas periodísticas donde considera que se le imputan conductas ilícitas y le solicita al funcionario hacer lo conducente para que se respete su presunción de inocencia y evitar que se genere una persecución política en su contra.
arg
