SFP investiga 100 casos por enriquecimiento ilícito; incluidos exfuncionarios

Después de que el pasado mes de agosto, la Secretaría de la Función Pública descartó que existieran conflictos de interés en la compra de tres inmuebles por parte del presidente Enrique Peña Nieto, su esposa, Ángelica Rivera y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray; este miércoles, Virgilio Andrade, dijo en entrevista con El Universal, que actualmente se están investigando 100 casos de funcionarios públicos por enriquecimiento ilícito.


Según el titular de la dependencia, la investigación que incluye a funcionarios de sexenios pasados, se centra en los servidores que violan las regulaciones o usan indebidamente su poder.


A pesar de que anualmente se generan entre 26 y 30 mil denuncias, el funcionario aseguró que aún falta la consolidación del sistema para que la ciudadanía confíe en que sus quejas serán atendidas.


“En general hay un cumplimiento razonable de los avances de las reformas, pero en la medida en que el tiempo va pasando se hace más importante poner énfasis en las prevenciones, en las recomendaciones y en las atenciones que se deben de ver y analizar para aterrizar los asuntos en materias financiera y educativa”.


Andrade reveló que en los casos donde los sospechosos resultan culpables, se actúa en consecuencia, tal y como sucedió este año con los titulares de Exportadora de Sal, de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y del Puerto de Topolobampo.


Asimismo, señaló que las áreas más problemáticas son la de atención directa con la población porque se presentan mayor número de casos de corrupción, así como los niveles medios altos y altos, por lo que resaltó la importancia de los comités de ética que reán instalados en enero.


En tanto que, una de las principales evasiones de los servidores públicos son las declaraciones patrimoniales, pues de las 210 mil presentadas cada año, hay un índice de incumplimiento del 1% o 2% .


Respecto a la “Casa Blanca” se limitó a decir que legalmente es un caso cerrado y la parte que permanecerá en el análisis formal y legislativo será la de los alcances al concepto de conflicto de interés.


 



slg

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