Los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, sólo ampliarán su declaración ante el Ministerio Público si las nuevas indagatorias así lo determinan, informó Eber Omar Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).
En entrevista para La Jornada, el funcionario federal dijo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) será coadyuvante en las nuevas investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y en ese sentido, será sólo el MP quien determine si es necesario ampliar la declaración de los soldados.
“El MP tiene autonomía en el ejercicio de la acción penal y uno de los aspectos que rigen el mandato de los expertos es la propuesta de nuevas líneas de investigación o que en las que están en desahogo se lleven a cabo diligencias específicas y particulares; si ello lleva a elementos de entrevista a cualquier autoridad, es bienvenido, y el MPF es el que determina cuáles son las que se aplican.
“Se hace lo que el orden legal mexicano nos permite. Por ejemplo, acudir al sistema interamericano para tener coadyuvancia, y eso no es la sustitución del Ministerio Público”, explicó el Betanzos.
Respecto a las acusaciones contra José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y María de los Ángeles Pineda Villa, su esposa, como presuntos responsables de ordenar la desaparición forzada de los estudiantes, el subprocurador aseguró que no se han caído por falta de pruebas, sino que “en el contexto de la averiguación previa existen distintos procesos penales y acusaciones por delincuencia organizada, secuestro agravado y diferentes elementos que llevan a que no haya impunidad en ningún caso”.
Subrayó que las autoridades han entablado “recursos de apelación que están en desahogo en el Poder Judicial de la Federación y el interés de la PGR atenta -no sólo a la naturaleza de lo que ocurrió en Iguala, sino también por la necesidad de las familias- es que quede expresado con toda claridad que estamos frente a un caso de desaparición, y que ello es reconocido dentro del proceso. Judicialmente eso lleva a la procuraduría a reiterar su intereses en que haya esa clasificación del delito”.
Con relación al nuevo peritaje que se realizará en el basurero de Cocula, Betanzos dijo que sigan recibiendo y analizando las propuestas del GIEI, y viceversa, para conformar un equipo de común acuerdo.
Adelantó que hasta el momento no ha confirmado su participación el perito José Luis Torero, quien participó en el informe de la CIDH y puso en duda que los normalistas pudieran ser incinerados en el basurero. No obstante, quienes sí lo han hecho son Rene Colsaca, de Canadá; Úrsula Woodward, de Alemania; John Dinan, de Estados Unidos; Antonio del Amo Rodríguez, de España, y los mexicanos Enelio Torres García, Mario Saldaña y Ricardo Damián Torres.
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