Luego de haber sido rechazado, un amparo solicitado por la mamá de Brandon Giovanny deberá ser admitido a trámite por una jueza federal, ordenó el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal.
A varios meses de que la jueza Sandra Leticia Roble Magaña rechazó admitir el recurso interpuesto por la madre del menor Brandon Giovanny Hernández Tapia, fallecido en la tragedia del 3 de mayo pasado en la Línea 12, el Sexto Tribunal falló a favor de la madre de la víctima.
En fallo emitido este martes, los magistrados declararon fundado el recurso de queja interpuesto por la señora Tapia y otros seis familiares de víctimas, que se inconformaron luego de que la jueza Roble rechazó admitir un amparo para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México les entregue la carpeta de investigación sobre el colapso de la estación Olivos.
La jueza Roble rechazó admitir el recurso en agosto pasado. Cuatro meses después, una instancia superior ordena revertir su fallo.
En la sentencia, los magistrados señalaron que procede admitir el amparo a trámite debido a que dicha demanda no “tiene el alcance de suspender, paralizar o dar por terminada la indagatoria”.
Es decir, que abrir el expediente no obstruye en modo alguno la labor de la FGJCDMX.
Entre los argumentos de la parte quejosa se encuentran en el que “no se les ha hecho de su conocimiento, la existencia de los dictámenes, clasificación de lesiones y testimonios, así como de los trabajos periciales que se han realizado desde el primer momento en que sucedieron los hechos”.
En general, señalan, la Fiscalía no ha tenido acercamientos para informarles sobre ningún avance.
Ahora, con el amparo admitido a trámite, hay una posibilidad de que un juez federal conceda la suspensión y con ello, se obligue a la dependencia encabezada por Ernestina Godoy a dar acceso al expediente a este grupo de víctimas.
Se recordará que hay otro grupo de familias de víctimas que se han acogido a la reparación del daño y no han solicitado acceso a la carpeta de investigación, sino que ha dirigido sus esfuerzos a emprender una demanda colectiva en contra de las empresas constructoras.
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