El gobierno de Tabasco asignó directamente su programa estrella de seguridad “Ciudadano Vigilante” a una empresa de Culiacán, Sinaloa, que carece de experiencia en el ramo y con domicilio inexistente; un distribuidor “fantasma” que nos recuerda a las empresas descubiertas recientemente en Veracruz.
El pasado 20 de enero, el gobierno estatal desclasificó información reservada sobre la transacción de los equipos y confirmó que no hizo concurso para seleccionar de entre varias propuestas a la mejor.
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El secretario de Administración, Bertín Miranda Villalobos reveló que se invirtieron 22 millones 628 mil 457 pesos, con 54 centavos, en la adquisición de 600 videocámaras que serían instaladas en diversos puntos de la entidad, con el fin de disminuir los altos índices delictivos que se han registrado en los últimos años.
En mayo del 2015, unas semanas después de haber otorgado el contrato, el gobierno rechazó dar a conocer el nombre de la empresa beneficiada para no abrir “una ventana de vulnerabilidad en contra de la seguridad pública”.
Sin embargo, existe el antecedente de que los gobiernos municipales de Texcoco, Piedras Negras, Zapopan y del estado de Tamaulipas, realizaron licitaciones abiertas para comprar cámaras de vigilancia, sin que esto haya comprometido su seguridad.
A partir de la información que hizo pública el gobierno de Tabasco en enero pasado, se sabe que el contrato de compra e instalación de los equipos lo entregó en adjudicación directa a la empresa “Servicio Corporativo Cooper S. de R. L. de C. V.”, con registro federal de contribuyentes: SCC 1411122449, a pesar de no dedicarse a la venta de componentes o servicios de seguridad.
Se trata de una firma con giro empresarial de “Bufetes jurídicos”, “Otros servicios relacionados con la contabilidad y “Servicios de contabilidad y auditoría” que inició actividades el 12 de noviembre del 2014, según constancia de situación fiscal expedida por la oficina del SAT en Sinaloa, el tres de febrero de 2015, apenas un par de meses antes de que les asignaran el contrato.
El corporativo registró ante el Servicio de Administración Tributaria un domicilio en Sinaloa, con una numeración inexistente. La empresa dice ubicarse en la calle Josefa Ortiz de Domínguez número 1555-2, entre las calles Teresa Villegas y Agustina Ramírez, colonia Gabriel Leyva, de Culiacán. Pero la dirección registrada en el SAT, no existe.
En el 1555 hay una plaza con al menos 12 locales claramente identificados, pero ninguno corresponde al de Servicio Corporativo Cooper.
En internet la empresa también tiene una página web como fachada www.servicioscooper.com que no conduce a ningún lado, ni proporciona detalles de los servicios que ahí ofrece (“centros de vigilancia y video vigilancia”).
En la parte inferior de la página web, la empresa proporciona la dirección de sus supuestas oficinas generales, un domicilio distinto al del RFC: Montecito Número 38. Condominio 2do. 5to Piso. Oficina No. 30 Col. Nápoles y los números telefónicos 9000 9583// 9000 9584 y 9000 9541.
Pero esa misma dirección la proporciona como suya Numeri México, una empresa de servicios financieros y de negocios, en cuya página web www.numeri.mx presume tener de clientes a la Cámara de Diputados, las dependencias federales descentralizadas de la Conagua y la Conafor. Así como a los gobiernos de la Ciudad de México, Baja California, Puebla, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Tabasco.
Fuentes extraoficiales indican que los propietarios de Servicio Corporativo Cooper son accionistas de Numeri México y le proporcionan a través de esas y otras empresas, diversos servicios a la Secretaría de Finanzas de Tabasco, desde renta de camionetas blindadas, hasta aviones y helicópteros.
