Las cifras de la FGR en el caso Ayotzinapa son vergonzosas. Los casos jurídicos no terminan con las consignaciones de los presuntos responsables, es más, muchas veces el trabajo más duro está en los juzgados, en los vaivenes de los procesos.
La última pieza de este desastre, es la absolución de José Luis Abarca, quien era el alcalde Iguala y, de acuerdo con las indagatorias, un miembro de la estructura criminal de los Guerreros Unidos.
La FGR puede apelar, es más, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se lo está exigiendo. Pero la inconformidad de los fiscales puede tener la misma suerte si no se hace el trabajo de la manera adecuada y con ganas que salgan bien las cosas.
Si se midiera por resultados, están reprobados. De 142 detenciones, 97 de los implicados ya obtuvo su libertad y de estos, 77 lo lograron a partir de diciembre de 2018. La mayoría de estos sujetos son integrantes de bandas criminales y policías corruptos.
Eso ocurrió por un error estratégico de la FGR, más ocupada en tratar de sancionar a los que investigaron lo ocurrido en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 y los hechos posteriores, que en mantener recluidos a los que hicieron daño a los normalistas.
Jesús Murillo Karam, el ex procurador General de la República, está en prisión, pero los asesinos de los jóvenes estudiantes ya están delinquiendo de nueva cuenta o se volvieron informantes para desacreditar la verdad histórica.
Insisten en extraditar a Tomás Zerón, quien dirigió la Agencia de Investigación Criminal y se encuentra en Israel, mientras Abarca y sus cómplices obtienen beneficios amparándose en el desvanecimiento de datos, porque en la FGR están empeñados en probar que los integrantes de los Guerreros Unidos y Los Rojos sufrieron malos tratos y torturas.
Un despropósito, por supuesto, que nada tiene que ver con las garantías jurídicas del asunto, sino con una decisión de carácter político, en la que el afán es condenar a quienes gobernaban en 2014 a nivel federal, en lugar de concentrase en la estructura de crimen organizado en el municipio donde ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Tiene razón Encinas en estar indignado, pero creo que en lugar de concentrase en los jueces, volteé a ver a quienes llevan la indagatoria de Ayotzinapa, una cofradía de resentidos a los que no les importa hacer justicia.
Es más, su propio Informe, y lo que ha indagado en la Comisión de la Verdad, quedará en una anécdota si no hay un golpe de timón en los equipos jurídicos y de litigio.
El fiscal Alejandro Gertz debería hacer lo propio, porque tarde o temprano el tendrá que pagar el costo político de un asunto que desvanece por la incompetencia.
