Existen expresiones indecibles en la fraseología de nuestra “corrección política”, en especial un par de las más criticadas al Presidente, como que la corrupción es un asunto cultural o que en el tema de corrupción nadie puede tirar la primera piedra.
Todos sabemos que ambas son ciertas. La idea generalizada es que corrupción es llevarse a casa puñados de dinero sin declarar al SAT. Pero corrupción es hasta “aprobar” los matrimonios gay de boca para afuera, sólo por no buscarse líos.
Sin embargo, se entiende que ambas frases del Presidente se refieren al dinero entre los políticos. La nota principal de El Universal ayer le da alguna razón: “61 del PRI, PAN y PRD, en capilla por corrupción”. Más el sumario: “Expulsiones no legitimarán a los partidos”.
El PRI puso en camino a ser juzgado al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y tiene 15 más en turno en su Comisión Nacional de Justicia Partidaria. La Comisión Anticorrupción del PAN registra 26 denuncias. El PRD tiene 20 procesos. ¿Morena? No, ahí no hay corruptos.
Pero lo cierto es que la lucha contra la corrupción no pasa de ser mero oportunismo político, simple revanchismo de ocasión proveniente de quienes no están en el poder de turno, o de aquellos procedentes de los ámbitos imposibles de auditar por ley.
El PAN basó en acusaciones de corrupción al partido en el poder su estrategia para alcanzar en las pasadas elecciones una victoria histórica, al llevarse siete de las 12 gubernaturas en juego, por lo que gobernará por primera ocasión 11 estados al mismo tiempo y a más de 40 millones de mexicanos.
Aunque sucede que el propio PAN no mueve un dedo para resolver sus casos de corrupción. Antier su dirigente nacional, Ricardo Anaya, echó la bolita a su zar anticorrupción, Luis Felipe Bravo Mena, por la tardanza en sancionar a la exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes.
Pero Bravo Mena está en otros asuntos. Ayer escribió su artículo en El Universal sobre “la certeza de que el PAN está en condiciones de ganar 2018, comenzó a deteriorar la unidad del partido”. ¿La corrupción? Puede esperar. Total, ya lleva 11 meses sin hacer nada su famosa comisión.
El propio Ricardo Anaya, preguntado sobre cuándo juzgarán al menos a la exalcaldesa de Monterrey, o al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, dice: “Tendrían que consultar directamente a Luis Felipe Bravo Mena. Pero que quede claro, ¡eh!: no es una comisión de simulación, es de a de veras”.
Quiere decir que el fin de la corrupción en el país no está en manos de los políticos, quienes vienen, a fin de cuentas, de la sociedad.
La solución está en un serio compromiso para cambiar…
En la sociedad misma.
Este artículo fue publicado en La Razón el 30 de septiembre de 2016, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página.
