Señalada en dos sentencias definitivas e inatacables como infractora de la Constitución y la normatividad electoral, Delfina Gómez es doblemente impune. Ello ha sido posible por la ilegal protección presidencial y ahora, gracias al dedazo del propio inquilino de Palacio Nacional, la saliente titular de la SEP se ha convertido en la candidata de Morena a gobernadora del sufrido Estado de México.
Se debe recordar que, en el caso “Servidores de la Nación”, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) encontró a Gómez responsable por el uso indebido de recursos públicos con elementos de promoción personalizada en favor del presidente y también por desacatar las medidas cautelares ordenadas por el INE. La funcionaria impugnó, pero la sentencia SUP-REP-59/2020 de la Sala Superior del TEPJF desechó su impugnación por extemporánea. Quedó pendiente hasta la fecha que la infractora sea sancionada por la Secretaría de la Función Pública y que la Fiscalía de Delitos Electorales proceda en su contra.
En otro caso, el del “Diezmo de Texcoco”, quedó acreditado que Delfina Gómez descontó ilegalmente el 10 por ciento de los salarios de los empleados del Ayuntamiento de ese municipio, para financiar ilegalmente al partido Morena. El 12 de enero de 2022, el TEPJF dictó sentencia en los expedientes SUP-RAP-403/2021 Y ACUMULADO, en la que se acreditó esa infracción, lo que implica la comisión de un delito electoral previsto en el artículo 11 de la ley en la materia.
Con el anuncio de su postulación como candidata (realizada con una anticipación que, para colmo, también es ilegal), los aplaudidores a sueldo del oficialismo salieron en su defensa tratando de ocultar lo evidente. Refiriéndose a la última de las sentencias aludidas, afirman que “en ningún lugar dice que Delfina Gómez tenga una sentencia de un juez condenándola por un delito”. Pero tal argucia lo único que demuestra es que Gómez goza de impunidad gracias a un esquema de protección que emana de Palacio Nacional e incluye a las fiscalías que encabezan Alejandro Gertz Manero y José Agustín Ortiz Pinchetti (FGR y fiscalía electoral, respectivamente), dependencias que han omitido su obligación de procesarla y consignarla ante un juez penal.
Esa omisión es un grave atentado contra la administración de justicia, además que constituye un desacato a las sentencias mencionadas porque en ambas se confirmó la vista que el INE notificó a las autoridades encargadas de perseguir los delitos electorales. En la más reciente, además de que se confirmó la multa de 4.5 millones de pesos contra Morena por financiamiento ilícito, se añadió: “Lo anterior, no prejuzga o excluye algún tipo de responsabilidad diversa a la de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, ya que, como acertadamente concluyó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ante la posibilidad de responsabilidad en otras materias, lo procedente era dar vista, para que las autoridades competentes, resuelvan lo que en derecho corresponda.”
Gertz Manero y Ortiz Pinchetti han omitido hasta la fecha proceder penalmente contra Delfina Gómez y otros implicados en conductas que están probadas judicialmente y que se tipifican como delitos electorales. Es una omisión ilegal que no puede presumirse como una exoneración, cosa que hacen los corifeos del oficialismo.
Cincelada: La que se hizo para nombrar a Taibo II en el FCE, la extensión de periodos en Baja California y la SCJN, ahora la Ley Nalhe en Veracruz. La 4T es promotora de reformas a la medida de influyentes.
