En cualquier democracia, la división de poderes es un principio fundamental que garantiza el equilibrio y la protección de los derechos de los ciudadanos. México, como país democrático, no es la excepción.
La separación de poderes, establecida en nuestra Constitución, es un pilar central de nuestro sistema político y juega un papel vital en la consolidación de nuestra democracia. En este sentido, es crucial comprender y valorar la importancia de esta división para preservar un Estado de derecho sólido y proteger los intereses de la sociedad.
En México, la división de poderes se ha convertido en el escudo natural del ciudadano para preservar sus derechos y libertades ante los intentos de un presidente autócrata, que ha intentado por varios medios, destruir las instituciones electorales que nos ha llevado décadas construir.
Vale la pena recordar la ruta que Andres Manuel López Obrador ha seguido en su obsesión por dinamitar la autonomía del órgano electoral.
Plan A
En noviembre del 2022, la reforma constitucional en materia electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador, fue rechazada en la cámara de diputados al no contar con la mayoría calificada requerida para su aprobación.
El presidente pretendía reformar 19 artículos de la Constitución, sustituyendo al INE por un Instituto de Elecciones y Consultas. Además, desaparecía en los hechos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales estatales, y los órganos electorales locales.
Plan B
Al ver perdida la posibilidad de modificar la Constitución para desaparecer al INE, el presidente anunció su Plan B. Una batería de reformas a seis leyes secundarias en materia electoral.
La intención fue clara: minar el trabajo del instituto, modificando su estructura interna. De paso, también aprovechó para legalizar la intromisión de funcionarios públicos en procesos electorales, cambiando el concepto de ‘propaganda gubernamental’.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a dos controversias constitucionales presentadas por el INE, suspendiendo los efectos del Plan B.
Por su parte, el INAI, los partidos políticos, y los diputados y senadores de oposición, presentaron acciones de inconstitucionalidad contra esta contra reforma electoral del Presidente.
Finalmente, la Corte decidió invalidar por completo el Plan B de López Obrador, argumentando abusos en la figura de ‘urgencia y obviedad’ y violaciones al proceso legislativo. El cúmulo de irregularidades al proceso parlamentario, impidieron el debate democrático y vulneraron principios constitucionales.
Plan C
Desde principios de año, el entonces secretario de Gobernación, Adan Augusto López, anunció la intención del gobierno de hacerse de los cuatros espacios pendientes por nombrar en el Consejo General del INE, incluyendo la presidencia del mismo. Sabedor de que morena y aliados no cuentan con mayoría calificada para tal propósito, el proceso habría de forzarse hasta la insaculación de nombres.
Fue así como echaron a andar todo el aparato del régimen para sembrar lopezobradoristas en el comité técnico evaluador, órgano responsable de calificar los perfiles de las personas interesadas en integrar el Consejo General del INE.
Luego de un proceso muy cuestionado debido a los criterios utilizados para seleccionar a los candidatos, así como la falta de transparencia en la evaluación y selección, se integraron las listas finales de nombres de donde saldrían los cuatros nuevos consejeros. El 80% de esos perfiles, en mayor o menor medida, con una clara cercanía con morena y el gobierno.
A pesar de lo anterior, las cosas no le salieron bien al presidente, o por lo menos no como él lo esperaba.
La insaculación arrojó un escenario medianamente equilibrado. Dos consejeros con un perfil muy cercano al régimen; y otros dos con relativa autonomía, pero con capacidad técnica.
Para la presidencia del Consejo General fue designada Guadalupe Taddei Zavala, una mujer con una tendencia clara hacia el oficialismo, prueba de ello, son los nueve familiares que se ubican en nóminas de gobiernos morenistas. Sin embargo, la favorita de López Obrador, Bertha Alcalde, quedó fuera del INE.
Taddei ha intentado imponer perfiles cercanos al gobierno en las áreas estratégicas del INE, pero los controles internos del instituto se lo han impedido. No ha contado con el respaldo de la mayoría de consejeros para lograr su objetivo. Se ha visto obligada a negociar los nombramientos.
A pesar de los descalabros, Lopez Obrador insiste en que su verdadero ‘Plan C’ es hacer un llamado a que ‘nadie vote por la oposición’.
Ese debió de ser su único plan, que su partido gane la elección en las urnas, limpiamente y respetando las reglas de juego.
Pero en su obsesión enfermiza por asegurar su sucesión, prefiero intentar, primero: desaparecer al INE, modificar la ley a modo, e imponer consejeros electorales abyectos.
Es todo menos, menos un demócrata.
Un demócrata tiene visión amplia y a largo plazo de los asuntos públicos, busca promover el bien común por encima de intereses personales o partidistas, reconoce errores y respeta al diferente, es humilde y solidario en la derrota y en la victoria.
Es fundamental que la sociedad civil organizada y los ciudadanos en general, se mantengan vigilantes y denuncien cualquier intento por controlar al órgano electoral. Solo así podremos asegurar que las elecciones sean un reflejo genuino de la voluntad popular y no un simple acto de ratificación del poder de un régimen autoritario y de un simulacro de dictadura.
Una vez más, queda demostrado que la división de poderes es la piedra angular de la democracia en México. Su importancia radica en que asegura un gobierno con poder limitado y salvaguarda los derechos y libertades de los ciudadanos.
La independencia y el equilibrio entre los poderes es esencial para mantener un Estado de derecho sólido donde la ley prevalezca sobre los intereses individuales y se garanticen la justicia y la igualdad para todos. Proteger y fortalecer la división de poderes en México es responsabilidad de todos los ciudadanos y una garantía para el futuro de nuestro país.