En la era digital en la que vivimos, la privacidad se ha vuelto cada vez más frágil.
El rápido avance de la tecnología ha permitido a los gobiernos y a las agencias de inteligencia tener un acceso sin precedentes a la información personal de los ciudadanos. Uno de los últimos y más preocupantes ejemplos de esta tendencia es el software de espionaje conocido como Pegasus, un malware desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Con un simple mensaje de texto, Pegasus puede infectar cualquier teléfono celular tomando el control completo, desde mensajes, imágenes, videos, geolocalización así como usar el acceso en cualquier momento a la cámara y micrófono integrados.
Pegasus, ha sido utilizado por diversos gobiernos en el mundo para vigilar y espiar a sus propios ciudadanos. México no ha sido la excepción.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, más de 15 mil personas fueron espiadas con Pegasus; periodistas, activistas, diplomáticos y políticos, entre ellos, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia.
El sexenio pasado, el espionaje corrió a cargo de tres dependencias de gobierno: la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República, el gobierno del Peña Nieto pagó 32 millones de dólares para la contratación de Pegasus. Así se inició una indagatoria en contra de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, por la adquisición y uso del malware.
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la situación continúa, se sigue utilizando Pegasus y espiando a opositores, a periodistas y a defensores de derechos humanos. Se han detectado al menos dos contratos que el presente gobierno ha firmado con distribuidores de NSO Gropup, empresa desarrolladora del malware.
El primer contrato fue firmado a través del Instituto Nacional de Migración, supuestamente para dar mantenimiento a equipo de cómputo y software de la dependencia, pero nos hace pensar lo peor, el hecho de que haya sido reservada la información de dicho documento hasta por cinco años.
El contenido del segundo contrato se dio a conocer a través de los cables filtrados de ‘Guacamaya Leaks’, y tiene que ver directamente con la SEDENA, que habría adquirido a través de otro distribuidor internacional de Pegasus el malware para espiar opositores al gobierno y activistas en materia de Derechos Humanos que son incómodos para la cúpula militar de nuestro país.
El Ejército habría adquirido en 2019 un ‘sistema de monitoreo remoto de información’ a ‘Comercializadora Antsua’, empresa con derechos exclusivos para vender licencias de Pegasus, el costo fue de alrededor de 140 millones de pesos.
Se detectaron tres casos de espionaje que ha llevado a cabo una unidad especial del Ejército:
El primero, es el activista en materia de Derechos Humanos Raymundo Ramos, quien ha documentado por más de 20 años violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas en el estado de Tamaulipas. Raymundo fue espiado con Pegasus en agosto y septiembre de 2020, tras haber denunciado el asesinato de tres civiles en una persecución por parte de militares en Nuevo Laredo y unos días antes del aniversario de las ejecuciones extrajudiciales de ocho personas cometidas por el Ejército.
El segundo, es el caso del periodista Ricardo Raphael, quien fue atacado en 2019 mientras presentaba su libro ‘HIjo de la guerra’, que relata la historia de ‘Los Zetas’. En diciembre de 2020, el periodista fue espiado tras retomar temas vinculados con el Ejército.
El tercer caso, es el del portal noticioso ‘Animal Político’. Periodistas de Animal Político, fueron espiados con Pegasus el mismo día que el medio publicó una nota relacionada con violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.
Un nuevo análisis del ‘Citizen Lab’ de la Universidad de Toronto conformó que dos integrantes del ‘Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez’ fueron espiadas con Pegasus en junio, julio y septiembre de 2022.
Se trata de una organización jesuita dedicada a la defensa de los derechos humanos que ha documentado, denunciado y acompañado legalmente a víctimas en cientos de casos de violaciones graves a derechos humanos, incluyendo de las Fuerzas Armadas.
Esto es inadmisible para cualquier democracia moderna. Contra toda prueba, el Presidente de la República se había dedicado hasta ese momento a negar categóricamente que el ejército espíe: ‘…no es espionaje, es inteligencia…’, dijo Andres Manuel López Obrador.
Recientemente, el diario ‘The New York Times’ reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional encabezada por Luis Crecencio Sandoval, también ha espiado al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas, una persona cercanísimo a Andrés Manuel López Obrador, a quien incluso se le encomendó la investigación relativa al caso Ayotzinapa. De acuerdo al NYT, Encinas ha sido “espiado repetidamente” a través del programa Pegasus.
A pregunta expresa sobre este asunto, el Presidente, se limitó a declarar que no sabía si se estaba espiando a Alejandro Encinas, e insistió en que su gobierno no espía y sólo hace trabajo de inteligencia.
Son varios los organismos internacionales que no han denunciado estos casos de espionaje en el presente sexenio, entre ellos ‘Artículo 19′, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. El gobierno se ha encargado de desestimar estas denuncias, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la obradorista Rosario Piedra, ha guardado un silencio cómplice.
Lo más grave es el doble rasero del gobierno. Por una parte encapsula y reserva toda la información que tiene que ver con la adquisición de Pegasus por parte de la SEDENA para que no conozcamos ninguno de los pormenores al respecto, y por otro lado, emprende una investigación y abre carpeta de investigación sobre la adquisición del mismo malware en el sexenio anterior.
La realidad es que el Estado no tendría porque espiar a nadie. La SEDENA no está facultada para hacer labores de espionaje a población civil, por lo menos no sin una orden judicial de por medio que lo justifique.
Un gobierno que espía, es un gobierno autoritario que viola los derechos humanos y las libertades individuales, y negar los hechos, agrava aún más la situación.
El espionaje desde el Estado, deja a los ciudadanos sin mecanismos efectivos para protegerse de la vigilancia indebida y dificulta el establecimiento de salvaguardias para garantizar la responsabilidad de quienes lo utilizan.
El ‘gobierno espía’ de López Obrador, habrá de pagar a futuro por estos abusos, política y legalmente.
