La encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica es lapidaria: nueve de cada 10 mexicanos piden fincar responsabilidades a quienes mandaron a los normalistas a Iguala. Pero, más de un año después, no se sabe quién los envió a morir a ese municipio.
Sólo uno de los padres de los normalistas está interesado y se lo hizo saber al Presidente Enrique Peña, durante la reunión de éste con los familiares el 24 de septiembre. Pero enseguida fue desacreditado por Vidulfo Rosales, el abogado de los padres:
“Lo hizo impulsado desde una voz del gobierno. No tiene sentido una razón individual, siempre va a quedar un sentimiento de los padres, de querer culpar a los estudiantes por haber ido a Iguala, pero eso es una responsabilidad de carácter moral, no penal”.
Sin embargo, el principal reclamo de los mexicanos es que se castigue a quien los embaló a Iguala, lo cual ya se debería saber, tras una investigación de la PGR de 54 mil fojas en 85 tomos y 13 anexos…, a no ser que se pretenda permitir que el abogado Vidulfo siga lucrando con el caso.
La pesquisa de la PGR asienta que, en el momento que a los normalistas los interrogaba El Gil y ellos no podían decir más que lo que sabían, uno por fin se paró y dijo: “el que nos trajo fue éste, él sabe”, señalando al único que no era de primer año, como todos.
Éste explicó que el plan original consistía en trasladarse a Chilpancingo para botear con miras a una manifestación el 2 de octubre, pero en el camino le ordenaron desviar los camiones a Iguala para impedir un acto político.
¿O es que el gobierno ya lo sabe y no lo hace público por “prudencia” y para “no criminalizar a los 43 desaparecidos”, tal cual asegura el subsecretario de Gobernación Roberto Campa que hizo en el caso del trasiego de droga como una de las líneas de investigación?
Total, el gobierno lo mantuvo en secreto para no ofender a los padres de los estudiantes y, al final, esto fue divulgado por la CIDH, que está al servicio de los familiares, pagada por el gobierno, a razón de un millón de dólares cada seis meses, para que criminalice al Estado mexicano en sus informes.
Por ejemplo, en la página 687, folio 630, tomo 80 del expediente colgado por la PGR en la web para consumo público, un familiar, al denunciar la desaparición de su hijo normalista, afirma que “a las ocho de la noche del viernes 26 me enteré que los habían mandado a Iguala”.
Es preciso releer esto: “…los habían mandado a Iguala”.
¿Pero quién…? ¡Caray!
Este artículo fue publicado en La Razón el 14 de Octubre de 2015, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página
