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En esta ciudad, de un tiempo a la fecha, salir a trabajar, a estudiar, a dar un paseo, representa abrir una apuesta a volver a casa sin contratiempos. Salir y volver con la misma cartera, la misma bolsa, el mismo auto, la misma salud, el mismo cuerpo. Porque cuando sales de casa, todo puede pasar: que te acosen, te manoseen, te asalten, te atropellen, te chantajeen, te extorsionen, te golpeen, te levanten, te hieran o te maten.
En mi niñez, nuestros padres nos asustaban con el arenero, el viejo del costal, infundiéndonos el miedo a ser arrebatados de nuestro hogar, de nuestra familia, si no nos portábamos bien. Querido lector, probablemente compartamos la referencia.
Desde hace aproximadamente treinta años, México ha firmado convenciones internacionales para la protección de la niñez, hacemos referencia al “interés superior de la infancia”, tenemos un nuevo sistema de atención para las niñas, niños y adolescentes y un nuevo sistema de justicia penal: todo un marco legal que hoy día, legislativamente ha creado un marco referenciado de protección especial para quienes son menores de 18 años.
Según los datos presentados por la Red por los Derechos de la Infancia en México[1], las desapariciones de niñas, niños y adolescentes se cuentan por miles en este país. El Estado de México, destaca debido a que 1 de cada 4 desapariciones ocurren en su territorio; al mes de julio de 2017, se registraban casi 1500 niñas, niños y/o adolescentes desaparecidos.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)2017, publicada en septiembre del año pasado por el INEGI[2], los niveles de percepción de corrupción en las autoridades, es del 65% de la población y en aumento cuando se habla de policía preventiva y policía de tránsito.
Eso muestra en principio, la cantidad de denuncias presentadas ante el Ministerio Público. De ese número, ya disminuido, habrá que acentuar que en el 49% de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia. Es decir, pocas y malas.
El Comité de los Derechos del Niño, derivado de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, en las observaciones publicadas en 2015[3], llamó la atención al alto número de desapariciones de niñas y niños, y recomendó, específicamente, “simplificar y armonizar en los estados los procedimientos existentes para activar la Alerta Amber, que tenga como fin la búsqueda de niñas y niños desaparecidos, así como de sus madres y padres, sin demora alguna”
Hace un par de semanas, en redes sociales comenzó a circular un video que mostraba la detención de Marco Antonio Sánchez, en las inmediaciones del Metro El Rosario y que se desconocía su paradero. Posteriormente, se mostró ese formato de cartel en el que la policía nos pregunta “¿Le has visto?”.
El chiste se cuenta solo: Es la policía quien lo detiene y la Procuraduría nos pregunta si sabemos algo de él.
A punta de reclamos, salió el secretario de seguridad en la CDMX, diciendo que ya había aparecido y que lo importante es que ya había aparecido y que estaba vivo.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se publicó el 4 de diciembre de 2014 (TRES AÑOS), y su artículo 87, con toda claridad, señala: “SIEMPRE que se encuentre una niña, niño o adolescente EN EL CONTEXTO de la comisión de un delito, SE NOTIFICARÁ DE INMEDIATO a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como a la Procuraduría de Protección competente.”
No, señor Almeida, no se incumplieron protocolos. Se violó una ley de protección. Y las leyes, por absurdo que pueda sonarle, deben ser cumplidas por todos, pero ESPECIALMENTE, por parte de los operadores de la ley. Y esos, son los policías, los ministerios públicos, y los mandos superiores de la Secretaría de Seguridad Pública.
Aun no existe una versión oficial que con toda responsabilidad asuma las irregularidades, incumplimientos, negligencias y omisiones alrededor de lo ocurrido con Marco Antonio Sánchez entre el 23 y el 28 de enero de 2018.
Este sábado, “se filtró” un vídeo en el que se muestra a Marco Antonio deambulando por las calles durante los días en los que se desconocía su paradero. Horas después, hay una conferencia por parte de la Procuraduría de la Ciudad, (que no la Secretaría de Seguridad Pública): quince mil trescientas diez cámaras en la ciudad que pueden seguir a una persona por sus calles, pero ni un solo titular que nos diga que pasó DENTRO de las oficinas de la policía, pero que enfatiza sus cambios de ropa.
Hiram Almeida, el encargado de la seguridad de esta ciudad, no ha dado posterior declaración. Por el contrario, tiene sus propias preguntas “¿A dónde vamos como policía?”[4]
Mientras tanto, nosotros solo sabemos (en general):
Que Marco Antonio fue detenido pero no puesto a disposición (la primera vez) ya que se le liberó de la patrulla, a 540 metros (exactitos) de donde fue arrestado.
Que los policías no sabían que era menor de edad y por eso no tuvieron el cuidado de avisar a sus padres y/o tutores.
Que son los Ministerios Públicos, los mensajeros de Cupido, diciendo que todas las niñas, niños y adolescentes que desaparecen, “se van con el novio o la novia”.
Que un ciudadano pidió la liberación de Marco Antonio y el MP la concedió, pero a los padres de Marco Antonio y a la ciudad entera, aun no se les concede una explicación.
Que el Estado Mexicano está conformado por autoridades que firman compromisos internacionales, y autoridades a las que les da lo mismo.
¿Cuál es la estrategia a seguir cuando la amenaza para la ciudadanía es la policía?
Las expresiones coloquiales que usamos para expresar nuestras tragedias cotidianas resumen excepcionalmente, el sentir social en este tipo de casos, cuando decimos que son “un batidero”.[5]
Ratificar convenciones, legislar y crear marcos legales, representa un enorme gasto del dinero de los contribuyentes: sueldos de diputados y senadores, mesas redondas, conferencias, materiales, asesores, que quedan solamente en la justificación de viáticos, para que cada quien se posicione mediáticamente con los temas, porque no permean los contenidos hacia las estructuras de la administración pública y sus operadores.
Culpar solamente a los policías por detenerlo, es cuidar los centavos y cuidar los pesos. Tenemos que llevar la atención a las estructuras, a los procedimientos, a las responsabilidades administrativas, incluso a las responsabilidades penales. En todo el país se habla de la necesidad de fortalecer las policías y han sido muchas las voces sobre el tema alrededor de la Ley de Seguridad Interior. Los cuerpos policíacos no van a fortalecerse sino subiendo el nivel de exigencia ciudadana en su actuación, la calidad n su capacitación y la efectividad en la rendición de cuentas.
Aun mas, existen señalamientos expresos por organismos internacionales sobre la desaparición de niños, niñas y adolescentes que no están siendo atendidos.
Si sabemos de la detención de Marco Antonio fue porque no iba solo, porque alguien más estaba con él y alcanzó a tomar una fotografía y reportarlo.
¿Qué hay con quienes pudieron haber pasado por lo mismo, pero no iban con alguien más que pudo alzar la voz por ellos?
¿O es que estamos a punto de presenciar, otro batidero?
[1] http://derechosinfancia.or g.mx/index.php?contenido=bolet in&id=132&id_opcion=73
[2] http://www.inegi.org.mx/sa ladeprensa/boletines/2017/envi pe/envipe2017_09.pdf
[4] http://www.24-horas.mx/201 8/02/06/hacia-donde-vamos-en- desempeno-policial/
[5] Batidero. De batir.
Lourdes Morales
