En Chile el proceso para adoptar una nueva Constitución se ha complicado en extremo. El año pasado una amplia mayoría rechazó un proyecto constitucional que había sido resultado de una deliberación incompleta y deficiente. El texto estaba, por tanto, mal concebido y era una típica muestra del denominado “populismo constitucional” tan en boga hoy en Latinoamérica. Ahora en Chile se da la paradoja de que quienes estuvieron, en principio, contra de iniciar un proceso constituyente (el Partido Republicano de extrema derecha lidereado por José Antonio Kast) tendrán ahora la oportunidad de escribir la nueva Carta Magna a su gusto. Eso implica una lección para quienes creen que basta con redactar una Constitución para refundar a un país o que para alcanzar la solución los complejos problemas económicos y sociales solo con incluir un desiderátum de buenas intenciones en el texto de la Ley Fundamental.
La labor básica de una Constitución consiste en definir las reglas del juego político y enunciar los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. Existe, sin embargo, desde los albores del siglo pasado, la tendencia a incluir derechos políticos y sociales en las Constituciones, pero la experiencia enseña que es más pertinente normar esos temas a través de leyes ordinarias, porque cuando se incorporan demasiados detalles en una Constitución se entorpece la implementación de políticas gubernamentales al verse obligado un Estado a efectuar reformas constantes. Cada vez que arriba un nuevo gobierno con una nueva plataforma de “maravillosas” y “transformadoras” ideas se inicia un complicado proceso de reforma constitucional. Esta experiencia la tenemos muy clara en México. Desde luego, enunciar conceptos generales de compromiso social puede tener efectos positivos, pero ello debe verse siempre con moderación y algo de escepticismo. Las Constituciones incluyen cada vez más promesas, pero se sabe que el problema no es que escaseen las leyes, sino que no se cumple con ellas, y peor cuando se introducen en ellas ideologías políticas u ofrecimientos y expectativas demasiado específicas, porque entonces la Ley Fundamental deja de funcionar como regulador y se convierte en el eterno centro del debate.
Sin embargo, lo peor del populismo constitucional no son las largas listas de incumplibles buenos deseos, sino que dan lugar a una forma de autoritarismo, la llamada “tiranía de la mayoría” o, más precisamente, del caudillo que pretende representarla. Alexis de Tocqueville acuñó el término en la primera mitad del siglo XIX. La relevancia de este peligro es evidente en América Latina, donde el uso de las mayorías electorales redunda en un poder prácticamente ilimitado de un “hombre fuerte” que termina conculcando los derechos y las libertades ciudadanas. El populismo manipula la Constitución porque en esencia es una estrategia política para llegar al poder y para permanecer en él. Pretendiendo trabajar a favor de la voluntad popular actúa directamente en contra de las Constituciones vigentes en el momento de su arribo al poder y terminan por promulgar nuevos textos fundamentales diseñados a debilitar los elementos básicos de una genuina Constitución, cosas como el principio de la separación de poderes, la consagración de los derechos de las minorías, la imparcialidad de los órganos electorales, etc. La Constitución populista deja de ser la norma suprema y cesa como la fuente de los derechos, ahora manipulados por los demagogos.
Venezuela y Bolivia son buenos ejemplos de esto. Los populistas inauguraron nuevos textos básicos diseñados, supuestamente, para “establecer nuevos mecanismos de participación política” y “ampliar los derechos sociales”, pero solo han servido a la consolidación de dictaduras. En su análisis “Populismo y cambios constitucionales en Latinoamérica”, el politólogo Detlef Nolte explica a profundidad este fenómeno: “Las constituciones de países con gobiernos populistas son, con sus más de 400 artículos en promedio, las más extensas de América Latina; ellas estipulan lineamientos específicos en materia de política económica y social, y contienen un gran número de promesas (entre ellas destaca el derecho a una “vida buena”) que, dependiendo del prisma con que se mire, pueden ser descritas como ambiciosas o, simplemente, difíciles de cumplir… pero, eso sí, exacerban la centralización del poder y fortalecen la figura del presidente en una región cuyos mandatarios, de por sí, ya tienen mucha influencia concentrada en sus manos”. La Constitución, en ese esquema, pierde importancia y valor al entregarse al sofisma del “soñar no cuesta nada” y desterrar la idea esencial de que la democracia de saber autolimitarse para no transformarse en enemiga de la libertad
AMLO pretende en México adoptar su propia versión de constitucionalismo populista al rechazar la división de poderes y los sistemas de controles y contrapesos entre las distintas instancias gubernamentales. La Constitución es un conjunto de protecciones contra la concentración del poder y lo que La Salle llamó “los humores temporales de la mayoría”. Nuestro presidente desempeña la dramaturgia típica del populismo: el pueblo se “expresa” y luego el líder, haciendo suyo el supuesto sentir ciudadano, le da forma concreta y formula su propuesta. De esta manera, la supuesta relación directa entre líder y pueblo es la forma clásica de construir un poder de carácter personalista, la cual desautoriza los mecanismos propios de la democracia, atribuyéndole exclusiva legitimidad a la voluntad de una persona por encima de todas las instituciones representativa.
A ciertos demagogos les gusta hablar de nuevas Constituciones y las presentan como panaceas capaces de solucionar por sí mismas los problemas, pero ese pensamiento mágico genera falsas expectativas en la población. Quizá ese sea la meta que se ha señalado nuestro megalómano en jefe. Imposibilitada su reelección, ahora podría generar un nuevo movimiento “para garantizar la vigencia de la Cuarta Transformación” mediante la redacción de una nueva Constitución “popular”, garantizada por una eventual “mayoría calificada” la cual no enfrente el molesto inconveniente de dialogar o buscar equilibrios con la oposición, descalificada de antemano por “conservadora”, “neoliberal” y traidora de la Patria. Una Constitución, por tanto, estimulada por el enfrentamiento social, llena de las “brillantes” ideas del Peje y sus asociados y con iniciativas ya probadas (para mal) en otros populismos como la figura del Poder Ciudadano (presente en Venezuela), el cual terminó convirtiéndose en un recurso de control adicional en manos de Maduro para restarle fuerza al Parlamento, o la elección por voto popular de los jueces de la Suprema Corte (vigente en Bolivia), lo cual lejos de haber revitalizado al Poder Judicial solo ha estimulado el “populismo judicial”, es decir, en la elección de jueces evaluados no por su capacidad profesional o por su compromiso con la ley y la justicia, sino por su capacidad de hacer promesas.
