El rezago educativo sigue (y seguirá)

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El gobierno morenista reincide en su desatención e indolencia respecto del rezago educativo, situación en que se encuentra casi un tercio de la población mexicana mayor de 15 años. El raquítico presupuesto destinado al INEA y la precariedad laboral de sus docentes muestran que el grupo en el poder está más preocupado por mantener, ampliar y reforzar su dominio político, que en atender la condición de analfabetismo y falta de estudios básicos de 28 millones de personas, quienes sobreviven en contextos de marginación y vulnerabilidad.

El rezago educativo es un indicador preciso de la desigualdad social. México no ha conseguido erradicar esa condición, tampoco la ha reducido sustancialmente durante los años de gobierno de la llamada 4T. Según la estimación más reciente del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA), entre los casi 28 millones de rezagados se cuentan 4 millones 127 mil personas que no saben leer ni escribir, 7 millones 539 mil que no tienen la primaria terminada y 15 millones 854 mil que no concluyeron sus estudios de secundaria. Los sectores más afectados por esta situación son las mujeres, los migrantes, los indígenas, las personas de bajos ingresos tanto del campo como de la ciudad, las personas con discapacidad, los adultos mayores. Esos datos, que tienen fecha del 31 de diciembre de 2024, muestran una realidad que la llamada cuarta transformación no ha resuelto y ni siquiera se ha planteado seriamente resolver.

La estrategia programática que en esta materia propuso la SEP (expresada en el Presupuesto 2025) se limita a señalar que el INEA “continuará impulsando acciones de mejora para abatir el rezago educativo” (PEF 2025, Tomo III). Al mencionado Instituto le fueron asignados 1,730 millones de pesos para el presente ejercicio fiscal, monto que en los últimos años se ha mantenido estancado.

La Reglas de Operación con las que este programa funcionará durante este año no han sido publicadas (una irregularidad en la que incurre la SEP de Mario Delgado), por lo que siguen aplicándose las del año pasado. Estas indican que los recursos se destinarán a hacer pagos exiguos al personal que “coadyuva en la atención educativa” de los rezagados. A los docentes se les denomina PVBS, que quiere decir “Persona voluntaria beneficiaria del subsidio”. Este personal, encargado de la delicada tarea de alfabetizar e impartir educación primaria y secundaria, no cuenta con empleo fijo, no se le reconoce una relación laboral con el INEA o la SEP y a su paga ni siquiera se le llama salario o pago de honorarios sino “subsidio”. La burocracia educativa les puso el rimbombante nombre de “Persona voluntaria beneficiaria del subsidio” (PVBS) y reciben un pago de apenas 150 pesos mensuales por cada alumno que atiendan y 250 pesos si su trabajo es bilingüe, es decir, si atienden a población indígena.

Los PVBS que se encargan de capacitar a los otros PVBS sí reciben un pago fijo, pero este es menor a la beca que reciben los ninis: mientras que los beneficiarios que no estudian ni trabajan perciben 8 mil 480 pesos al mes (equivalente a un salario mínimo), los capacitadores de los docentes del INEA cobran apenas entre 4 y 6 mil pesos mensuales. La exigüidad del pago a los PVBS y a sus capacitadores contrasta con el sueldo bruto mensual de Armando Contreras, Director General del INEA (156 mil pesos) y con el que se paga a sus delegados estatales (68 mil).

La indolencia burocrática con la que actuó en esta materia la administración del sexenio anterior, alejada del humanismo y de aquello de “primero los pobres”, tiene continuidad en el segundo piso del obradorato. Buenos salarios para la burocracia dorada, precariedad laboral para los educadores y pésimo servicio educativo para millones de personas aquejadas por el rezago educativo.

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