En su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el gobierno de la 4T denunció que el ciclo neoliberal incurrió en la “multiplicación de la deuda externa” y se comprometió al “cese del endeudamiento”. Pero, como ocurrió en muchos otros rubros, pronto olvidó su promesa, hizo crecer la deuda pública en mayor medida que las administraciones anteriores y destinó la nueva deuda al financiamiento del clientelismo electoral y a la construcción de obras de relumbrón. Fiel a este legado, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sigue por el mismo camino.
El PND que López Obrador hizo aprobar a principios de su sexenio dice textualmente: “El gobierno de la Cuarta Transformación recibió la pesada herencia de una deuda pública de 10 billones de pesos, resultado de la irresponsabilidad y la corrupción del régimen anterior…. En este sexenio no se recurrirá a endeudamiento para financiar los gastos del Estado ni para ningún otro propósito” (DOF, 12/06/2019, página 28). Pero, lejos de reducir aquellos 10 billones de pesos de deuda con los que inició su gobierno, AMLO dio continuidad a la irresponsabilidad y a la corrupción para dejar al gobierno de Sheinbaum un saldo superior a los 16 billones.
Los informes de Cuenta Pública que trimestral y anualmente debe entregar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados certifican lo anterior. En 2018, la deuda pública de México era de 10.5 billones de pesos y en los años siguientes no hizo otra cosa más que crecer: 10.8 en 2019, 12 billones en 2020, 13.1 en 2021, 14 en 2022, 14.8 en 2023 y, para terminar, 16 billones al cierre del segundo trimestre de 2024. El sexenio obradorista incrementó en 60% la deuda que le heredó “el ciclo neoliberal”. Los 6 billones de pesos del endeudamiento adicional demuestran que el estatismo marca 4T resultó más ducho que los neoliberales en eso de empeñar el futuro de la nación.
Para medir el tamaño del endeudamiento de un país, los economistas comparan la deuda con el Producto Interno Bruto anual, es decir, con toda la riqueza que produce la economía nacional. En este indicador también sobresale la 4T, pues en 2018 la deuda pública representaba el 43.6% del PIB, mientras que a junio de 2024 alcanzó el 47.2%, siempre según los informes oficiales de la SHCP. Analistas parlamentarios y de la iniciativa privada estiman que, al final de este año, la deuda pública de México representará el 50.8% del PIB. Es decir, equivaldrá a más de la mitad de toda la riqueza producida por la economía del país.
Lejos está este columnista de condenar por principio toda política de endeudamiento ya que, en una estrategia bien diseñada y con un modelo económico socialdemócrata, el crédito puede ser una herramienta del crecimiento económico para procurar el bienestar de la población. Cosa de la que no ha sido capaz el actual grupo en el poder, pues los dineros los ha ocupado en sufragar los programas sociales que forman parte del sistema de dominación clientelar y las ocurrencias que guiaron la política de obras (Tren Maya, AIFA, Dos Bocas), mientras que la economía se estancó con menos del 1% de crecimiento anual durante el sexenio de AMLO.
El gobierno de Sheinbaum no ha sido capaz de criticar la política de deuda de su predecesor. Recurre a la vieja política de “patear el bote” para más adelante. En el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 2025 que apoya la mayoría legislativa de Morena, la presidenta pidió autorización para contratar nuevos préstamos por 1.2 billones de pesos.
Durante los gobiernos previos al 2018, el techo de endeudamiento equivalía al 10 u 11% del total de los ingresos públicos de cada año. Pero el gobierno que dijo “abolir al neoliberalismo” resultó más deficitario, pues el presupuesto anual se financió con el 12, el 15 y hasta el 19% de deuda pública, como ocurrió en el ejercicio 2024. Sin mostrar capacidad alguna de corrección, el gobierno actual sigue por el camino trazado por AMLO. Por lo visto, hasta que las finanzas públicas aguanten.
Cincelada: Luego de que se multiplicaron como conejos los aspirantes oficialistas, será en cenáculos clandestinos donde el grupo en el poder negociará las listas definitivas del “nuevo poder judicial”.
