Entre uno de los compromisos que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, admite no haber cumplido, a dos años de iniciado su mandato, se encuentra el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
En efecto, lejos de resolverse, se está enredando. La explicación se encuentra en las presiones que existen para desmontar la hipótesis de la verdad histórica, que en líneas generales señala que los jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a sicarios del crimen organizado, quienes los asesinaron y quemaron sus restos.
En la Secretaría de Gobernación y las organizaciones no gubernamentales que se ocupan del asunto, están decididos a que esa perspectiva legal, revelada en su momento por Jesús Murillo Karam, no prospere, porque tienen la idea de que existen elementos que llevarían la indagatoria por otros rumbos y probarían la participación federal en ese bochornoso asunto.
En 24 meses no han presentado una sola prueba relevante que desacredite lo indagado en el pasado, pero sí se han ocupado de criminalizar a quienes realizaron las indagatorias.
Las acusaciones contra los militares, y en concreto contra el capitán José Martínez Crespo, no están relacionadas con el delito de desaparición forzada, ya que los soldados y sus jefes protegieron a los estudiantes que se refugiaban de las balaceras y de las persecuciones.
La queja es que les quitaron los celulares y los trataron a gritos y con insultos, pero no que les causaran daño y mucho menos que los pusieran en manos de los bandidos, como sí hicieron los municipales que recibían órdenes del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien se encuentra en prisión por homicidio, entre otros cargos.
Al final lo que puede ocurrir es que la sociedad se quede con las ganas de conocer a fondo la historia y que lo que impere es la impunidad en lo que respecta a los asesinos de los jóvenes.
Esto es terrible, porque se está desplazando a la obligación que tiene la autoridad de esclarecer los hechos, para satisfacer necesidades políticas o inclusive electorales.
Lo inquietante es que exista la disposición para jalar la cuerda hasta que reviente, en el afán de probar algo que no ocurrió.
Esta situación no solo atañe al caso Ayotzinapa, sino al de la Guardería ABC, asunto que es prioritario para Fiscalía General de la República, por solicitud del gobierno federal.
De continuar esa lógica, las promesas de llegar a la verdad no prosperaran y noche de Iguala entrará en una realidad alterna, digna de mejor causa.
