El presidente Peña Nieto inicia la mitad de su gobierno, que marcó el regreso del PRI en 2012. Su valoración en la opinión pública tiene predominio negativo como el sabor de una travesía amarga y acotada por una sucesión anticipada, aunque su popularidad repunta desde julio, cuando el PRI ganó la mayoría en el Congreso. Pese a ello, las encuestas hablan de una crisis de expectativas, sin amenaza de descarrilar, como se dijo, el último año. La desconfianza no se repone con la narrativa del “México de futuro imparable”, que choca con la falta de mejoría de la gente y la percepción de corrupción. Su gabinete confía en el rumbo y que habrá tiempo para dar resultados, sin la presión de una oposición fragmentada.
El balance de un gobierno es complejo cuando hay pluralidad de opiniones y de lecturas. Hay que desconfiar de condenas unánimes. El de Peña no deja de ser de claroscuros, pero la mediocridad en resultados económicos o la repetición de la forma de ejercer el poder no es distinto al de gobiernos anteriores. El país crece a una tasa similar en las últimas décadas, aunque con severa caída del precio del petróleo de más de 50% de su valor, la cual la Reforma Fiscal ha ayudado a compensar. También ha relanzado la reforma penal estancada con Calderón y leyes de transparencia y anticorrupción. Y, sin embargo, el rechazo en la calificación es severo, el más alto para un Presidente a la mitad de su sexenio en los últimos cuatro gobiernos, supera 50%, ¿por qué?
La Reforma Fiscal, según Parametría, marca la primera caída de popularidad. Luego las altas expectativas de las reformas y sus promesas frustradas de prosperidad se desinflarían con la crisis de derechos humanos. La desnudez del control estatal de la justicia que expuso la fuga de El Chapo o la impunidad en la desaparición de 26 mil personas en la “guerra contra el narco”, serían ácido corrosivo para su imagen. La falta de respuesta acabaría con la confianza y avivó el recuerdo de los viejos vicios que precipitaron su derrota en 2000. Los escándalos de corrupción recuperaron el temor de la restauración del viejo sistema autoritario, sin prueba de que gobiernos panistas y perredistas hayan sido menos corruptos. El presidencialismo visibiliza la corrupción en la cúpula del poder, a pesar de que se cometen más de 200 millones de ellos a todo nivel. Si en el viejo sistema se aceptaba la transa mientras el país avanzara, las décadas de estancamiento y pobreza la hacen cada vez más intolerable. Hoy es señalada como principal lastre del desarrollo y obstáculo para las reformas económicas.
En el gabinete está la idea de que no se hace una evaluación del gobierno en su justa dimensión. Se requiere dar tiempo a las reformas para ver resultados, la pobreza está mal medida, la estabilidad macroeconómica es envidiable, dicen. El mayor riesgo es que el Presidente se sienta incomprendido y reduzca la iniciativa política a preparar su sucesión. El relevo en 2018 no será igual que los anteriores, y “flotar” tres años dejaría a las reformas a la deriva en un momento clave para su futuro.
Las resistencias y los cambios institucionales demuestran que se debaten todavía entre el cambio y el inmovilismo. El liderazgo político y el compromiso ético del gobierno contra la corrupción, el abuso de poder y la impunidad son imprescindibles para el país de leyes que exigen las reformas. La mitad del sexenio, en efecto, debe ser el tiempo de la política para comenzar a cambiar la forma de ejercer el poder desde la Presidencia, más allá de los discursos sobre la transparencia y la rendición de cuentas.
Este artículo fue publicado en Excélsior el 03 de Diciembre de 2015, agradecemos a José Bunedía Hegewisch su autorización para publicarlo en nuestra página
