CÁTEDRA FRANCISCO I MADERO: UNAM, FCPyS, IIS, INE
LOS DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA, A 45 AÑOS DE LA REFORMA POLÍTICA DE 1977
Jueves 21 de abril
Mesa 2. Garantías de imparcialidad y equidad: la autonomía del árbitro
Antes que nada, agradezco la invitación que me ha hecho la Cátedra Madero para participar en este Seminario. Gracias a todas las instituciones que hacen posible este encuentro.
Gracias a la Directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Dra. Carola García Calderón y gracias, desde luego, al Dr. Fernando Castañeda Sabido, Presidente del Comité Académico
Es para mí un honor compartir esta mesa con Rosa María Mirón, con Leonardo Valdez y con José Woldenberg, bajo la moderación del doctor Alejandro Monsiváis Carrillo
Comienzo diciendo que el tema central que hoy nos convoca: Los desafíos de la democracia, en este caso, desde la perspectiva del árbitro electoral, resulta mucho muy oportuna, porque –lo digo con toda claridad y espero no estar haciendo una lectura exagerada de lo que acontece en el espacio público– a mí me parece que lo que ahora estamos viviendo, es uno de los momentos más complejos y potencialmente más peligrosos para nuestra democracia, e incluso, para nuestra vida pública.
Y es que el hecho de que un importante número de servidoras y servidores públicos del más alto nivel, entre ellos, el Presidente de la República, haya decidido apartarse del modelo jurídico y violar pública e intencionalmente la Constitución y la Ley –a propósito de la celebración de un proceso de participación ciudadana-, no sé si para exhibir un halo de “superioridad moral”, pero sí, para tratar de imponer sus formas, sus criterios, su voluntad, su ideología, sus intereses e, incluso, su verdad; resulta muy preocupante, porque, en los hechos, constituye un flagrante y abierto desafío a nuestro régimen de Democracia Constitucional
Y yo creo que lo que esos comportamientos le han mostrado al país, es que, bajo ciertas circunstancias (convenientemente valoradas desde el poder y que en apariencia buscan la consecución de un “fin superior”), el gobierno y sus políticos, así como el funcionariado público afin, PUEDEN DEJAR DE CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY.
Cuidado, mucho cuidado
Hacer esto, además de NEGAR, desde el poder político mismo, el principio de igualdad de las personas frente a la Ley (en tanto que esas personas políticas buscaron colocarse en una situación de privilegio o excepción respecto del resto de las y los ciudadanos), lo que esas actitudes antidemocráticas y contrarias a la recta republica pueden provocar, es una eventual invitación o incitación, a que otras personas (pocas, muchas o muchísimas) también dejen de cumplir la Constitución y la Ley y como resultado de ello, se fracture el Estado de Derecho.
Esto es gravísimo.
Y creo, sinceramente que, bajo ninguna circunstancia, ni la sociedad, ni la academia, ni la política, ni los medios de comunicación, ni las y los servidores públicos, podemos contribuir a que esas conductas se normalicen.
Ahí donde el gobierno y los actores políticos dejan de someter su actuar a los límites constitucionales y legales, lo que resulta no es solamente el surgimiento de una forma corrupta de gobierno, sino una muy seria amenaza a los derechos humanos de todas y todos los mexicanos.
Tomando lo hasta aquí señalado como contexto, me referiré ahora de manera específica a algunas cuestiones relacionadas con el tema de esta mesa, esto es, la imparcialidad y la equidad dentro del marco de un árbitro electoral autónomo
Como es de todos sabido, tanto el gobierno, como su partido y la mayoría parlamentaria que lo apoya, han tratado –sin éxito- de doblegar al INE de distintas maneras.
Ya sea desde el lado financiero, o a través de campañas de desprestigio, o mediante estrategias de manipulación y difusión de información falsa, llegando incluso el extremo de promover denuncias penales y proferir amenazas personalizadas.
No hay duda alguna, de que el objetivo de estos ataques es minar la institucionalidad democrática que todas y todos los mexicanos hemos venido construyendo a lo largo de varias décadas, con el premeditado fin de hacerla colapsar, para luego buscar sustituirla por alguna otra forma orgánica, que tenga una mayor identificación con el credo político del actual gobierno.
En ese sentido lo que hoy mismo está bajo amenaza, es justamente la autonomía y la independencia del órgano electoral.
No es casual que uno de los temas que más le importan al gobierno es el de la designación de los y las Consejeras Electorales.
Yo no voy opinar sobre las propuestas que en ese sentido se han hecho últimamente, pero lo que sí quiero decir, es que ya sea a través de una tómbola, de una elección directa, o de un acuerdo político, la pregunta central es: qué método de selección de las personas integrantes del máximo órgano de dirección y decisión de la autoridad electoral, es el que mayores atributos de confianza, credibilidad y profesionalismo le puede ofrecer a la ciudadanía respecto de la institución encargada de organizar y arbitrar la lucha por el poder político, considerando desde luego, el tema de la imparcialidad institucional y, por supuesto, de la imparcialidad e independencia de las y los consejeros electorales.
No sé qué rumbo vaya a tomar ese tema, pero, mientras eso se resuelve, lo que no puedo dejar de mencionar después de tantas descalificaciones, es que hoy existen formas concretas y objetivas para que la ciudadanía pueda evaluar el desempeño de los y las Consejeros Electorales.
Y la vía no es otra que mediante una rigurosa y detallada revisión y análisis de la argumentación y congruencia jurídica con la que las y los Consejeros hemos sustentado todas y cada una de las decisiones que tomamos en cada caso, independientemente de los actores políticos involucrados.
De cada sesión (ya sea de comisiones o de Consejo General) existe una versión estenográfica que es pública, y ese es el mejor insumo que la ciudadanía tiene para hacer las valoraciones que juzgue convenientes. También existen los documentos que aprobamos y donde se desglosan las razones de todos y cada uno de los actos de autoridad que emitimos, más allá de los estigmas que, desde el poder, se nos quiera imputar, sobre todo en casos difíciles.
Ahora bien, respecto de la equidad en la materia electoral, creo que este es un principio que debe quedar debidamente garantizado y detallado en la ley (y eso es tarea de las y los legisladores) de tal suerte que siempre queden muy claros los consensos que se establezcan como ley para normar el principio de equidad, particularmente en lo que se refiere al financiamiento público, a la comunicación política, a las candidaturas, a las campañas y a los límites y prohibiciones establecidas en el art 134 constitucional, sobre todo, en el régimen de sanciones para las y los servidores públicos, cuyo desarrollo legislativo es imperfecto. El legislativo se tiene que hacer cargo de cuáles deben ser las consecuencias que deben asumir las personas dedicadas al servicio público, cuando se apartan de la Constitución y la ley, y no dejar a la “voluntad” del superior jerárquico esa definición.
Preguntémonos porqué las sentencias de amparo son eficaces. La respuesta es clara: porque si no se cumplen, el Poder Judicial tiene la potestad de hacer valer el imperio de la jurisdicción, incluso, apartando del cargo a servidores y servidoras pública electas. Así e importante es el tema.
Termino diciendo lo siguiente.
Uno de los mayores desafíos que hoy tiene la democracia mexicana, si no es que el más importante de todos, es que la resguardemos de los intereses del crimen organizado.
El Poder Legislativo debe ponerse a trabajar en ello.
Ahora el INE, por una sentencia, tiene la obligación de adoptar, en el ámbito de nuestras competencias, las medidas y protocolos necesarias para crear una política electoral nacional para prevenir factores de riesgo de violencia electoral.
Pero eso va a ser insuficiente, porque el desafío es mayor, se requiere de muchas autoridades del Estado Mexicano para resguardar nuestra democracia.
Y eso no se va a poder lograr si desde la política, se fomenta el incumplimiento a la Constitución y a la ley
Nuestra venturosa senda reformista ha pasado por 4 grandes etapas: la de la pluralidad; la de la autonomía plena e independencia de las autoridades electorales; la de la búsqueda de la equidad y, la transformación de un modelo federal a otro nacional
No tengo idea sobre cuándo, cómo y en qué condiciones se pueda convenir una nueva reforma político electoral, pero de lo que sí estoy segura y convencida es de que, por el bien del país y de la sociedad mexicana, lo urgente, lo verdaderamente relevante, es que aun en el marco de la polarización que hoy vivimos, se refrende como un bien mayor de carácter republicano, el compromiso de todas y todos con el Estado de Derecho.
La sociedad mexicana está llamada a participar este año, el siguiente y en 2024 a procesos electorales que se advierten intensos.
Si no refrendamos nuestro compromiso colectivo con el principio de legalidad, no solamente podríamos acercarnos a graves escenarios de inseguridad, o a una relación crecientemente conflictiva entre gobernantes y gobernados, sino a un estado de las cosas en la que, por la vía de los hechos, se instaure la ley del más fuerte y en la que los grandes intereses que operan fuera de la ley, puedan tomar incluso ventaja, sobre el poder político.
No incitemos al quebrantamiento de nuestro Estado de Derecho, porque a través de él hemos alcanzado la renovación de los poderes en armonía y paz social.
Muchas gracias
Autor
Licenciada y Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Consejera electoral del INE.
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