La principal obligación de un Estado es dotar de seguridad a su población, justo lo que no ha logrado hacer el actual gobierno de México desde su supuesta “cuarta transformación”. En casos extremos, algunos Estados son tan incapaces de garantizar su propia seguridad, otorgar servicios básicos a su población o tiene instituciones tan endebles y disfuncionales, que se denominan Estados fallidos; tristemente eso es lo que tenemos en México con el actual gobierno federal.
El miércoles pasado nos enteramos que los cuatro obispos de Guerrero buscaron negociar la paz hablando directamente con los grupos criminales que dominan el estado, uno de los más pobres del país. José de Jesús González Hernández, obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, al terminar la misa del Miércoles de Ceniza en la catedral de Chilpancingo, dio a conocer que él junto con los obispos de Ciudad Altamirano, Joel Ocampo Gorostieta, de Tlapa, Dagoberto Sosa Arriaga y el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, se reunieron por separado con líderes de la delincuencia organizada para tratar de llegar a un acuerdo de paz y parar la violencia que priva en todo el estado, aunque sin éxito.
Los obispos entablaron diálogo en enero pasado con los líderes de “Los Tlacos” y “La familia michoacana”, quienes se disputan las zonas de la Sierra y Tierra Caliente, aunque los diferendos entre ellos también se dieron por el reparto de territorios en la ciudad de Iguala y Taxco, al final no se pudieron poner de acuerdo y la violencia criminal continúa. Increíblemente, a pregunta expresa sobre el tema en su mañanera, el presidente de la república dijo que veía “muy bien que los sacerdotes apoyen en la pacificación del país”; en verdad el cinismo y la declaración de impotencia gubernamental que hay en esta frase no tiene precedentes.
Quizá consciente de que su gobierno puede ser acusado de incumplir con esta obligación del Estado, atajó diciendo: “Desde luego la responsabilidad de garantizar la paz y tranquilidad es del Estado, eso debe quedar muy claro”, pues qué bueno lo tiene claro, sin embargo, el problema es que no lo lleva a cabo. Como lo han señalado múltiples analistas y especialistas, este gobierno parece tener un pacto, ya sea hablado o tácito, de no agresión con todos los grupos criminales que azotan amplias zonas del país. El propio obispo de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González, lo dijo el miércoles de inmejorable manera: “el gobierno debe buscar más formas de mediar con los grupos criminales, ya que “ellos [el gobierno] tienen poder, tienen los recursos, tienen los medios, ellos pudieran mediar, pero parece que los han abandonado, o nos han abandonado.”
Posteriormente entrevistado por la periodista Azucena Uresti, el obispo José de Jesús González, remató diciendo que las autoridades estatales no responden a estas cuestiones porque, o no les interesa o porque están coludidas con los grupos del crimen organizado. Que su mediación es “un intento valioso” de los obispos ya que la violencia tiene dominada sus diócesis, que incluso él mismo está amenazado de muerte, pero que la violencia criminal azota desde hace varias semanas a los transportistas de Acapulco, Iguala y Taxco, en donde choferes han sido asesinados por el llamado cobro de piso.
Y es que cualquier ciudadana o ciudadano que siga las noticias, podrá ver cómo particularmente en este estado de la república campea el crimen organizado a sus anchas sin que el gobierno morenista haga algo más que acumular guardias nacionales. Porque eso sí, para todo llevan a la Guardia Nacional, pero como lo han acusado los obispos y transportistas no sólo guerrerenses sino de otras partes del país, la Guardia Nacional no hace nada ante los grupos criminales, cuando llega, llega tarde y desorganizada, pero comúnmente se avocan a ser simples espectadores de los atropellos, ilegalidades y terror provocado por grupos criminales que extorsionan justo a los más pobres. ¿Por qué los gobiernos de Morena se rehusan a cumplir con la primera y más importante función del Estado mexicano? Ya sea que se trate de incapacidad o contubernio, el hecho es que permite que las y los mexicanos de menos recursos sean expoliados por grupos de la delincuencia organizada mientras las fuerzas del orden han renunciado a actuar.
Organizaciones como Seguridad sin guerra o Causa en común, han documentado el desastre de la política en materia de seguridad del gobierno federal, han criticado la necedad de militarizar la seguridad ciudadana, estrategia que está lejos de reducir la violencia criminal, por el contrario, ésta ha aumentado año con año en todo el territorio nacional, y con ella, la incidencia de delitos, el contubernio con los criminales y las violaciones a derechos humanos.
El actual gobierno está cerrado de ojos y oídos frente a las propuestas de las personas especialistas sobre seguridad, mientras la población está postrada ante la violencia, López Obrador ha demostrado que la frase “primero los pobres” en materia de seguridad, tiene una connotación irónicamente trágica, porque si bien la violencia criminal afecta a la sociedad en general, la población más pobre en Guerrero y en todo el país está pagando los costos de la decisión de este gobierno, de abdicar a su función más elemental, darnos seguridad.
Por todo ello, el actual proceso electoral debe ser una oportunidad para reclamar al actual gobierno sus omisiones criminales frente al tema de seguridad, y exigir con toda seriedad a quienes pretenden gobernarnos el próximo sexenio, estrategias eficaces para que la delincuencia organizada deje de azotar a la población con extorsiones, homicidios, control de territorios y de gobiernos locales; debemos ponerle un alto a la indolencia y a la incapacidad del presidente, su gobierno y su partido, y debemos exigir enérgicamente que un nuevo gobierno tome las riendas con convicción, valentía y profesionalismo, para sacar a nuestro país del drama de violencia y muerte en el que se encuentra.
