El feminicidio de Mariana Sánchez Dávalos en Ocosingo, Chiapas, evidenció el acoso, violaciones, amenazas, machismo, violencia de género e indiferencia que sufren las residentes mujeres en nuestro país.
Se estima que anualmente 18 mil médicas y médicos prestan su servicio social, la mayoría de las veces en comunidades apartadas, donde enfrentan cargas excesivas de trabajo, falta de equipo, condiciones de inseguridad y en el caso de las mujeres machismo de parte del personal médico y compañeros, situación que se traduce en acoso, violación o muerte, como sucedió con Mariana.
A la joven doctora la mató un hombre, cierto; pero también la indolencia, la indiferencia y el machismo de un sistema que minimizó sus denuncias y la dejó sola a merced de su atacante.
Como si la muerte de Mariana no fuera suficiente, horas después de que su cuerpo apareció, su familia y el resto de las mujeres nos enteramos que hubo omisiones e irregularidades graves, entre ellas la apresurada cremación del cuerpo, sin la autorización de su madre u otro familiar.
En días pasados funcionarias de primer nivel del gobierno federal se comprometieron a investigar y castigar a los culpables, pero ¿cómo creerles si parece que definen estrategias en favor de las mujeres, en función del impacto mediático y no de una auténtica preocupación por la vida quienes son más del 50% de la población a nivel nacional?
Las mujeres del PRD como muchas en el país sabemos la impunidad y la falta de justicia que existe cuando se registra un feminicidio, por eso hemos alzado la voz y vamos a seguirlo haciendo.
Exigimos al gobernador de Chiapas, a las autoridades de la Universidad de aquel estado y de la Facultad de Medicina Humana, UNACH, dar resultados porque mientras el asesino de Mariana siga libre, ninguna doctora, ni mujer de dicha entidad estará segura.
Resultados que no queden en el cese de funcionarios sino en la realización de una investigación que permita saber quién fue el responsable y castigarlo.
Por desgracia, Mariana es el caso más reciente de feminicidio contra una doctora, pero no el único. En agosto de 2017. Jessica Sevillana fue torturada y asesinada con extrema violencia y a la fecha, ni siquiera hay detenidos. Esto ocurrió en un municipio del Estado de México.
A finales de 2018, la también doctora Laura Angélica Ávila fue asesinada a machetazos en una comunidad agrícola de Jalisco. La encontraron con más de 14 heridas en cuerpo, el argumento para matarla, dijo su agresor, fue que no quiso atender a su hijo. Eso sí cuando ya estaba detenido argumentó que estaba bajo los efectos de una sustancia química.
También en julio 2018, Rosa Analí Aparicio Vega, quien era una estudiante de medicina de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la UNAM, fue asesinada mientras se dirigía al internado en el hospital Vicente Villada de Cuautitlán.
Otro caso es el de María Concepción de la Torre, doctora que hacía su servicio social en la Sierra Alta de Sonora, murió agredida; la doctora Claudia Elizabeth Vázquez García fue ultimada por un asesino a sueldo quien, presuntamente, cobró 100 mil pesos de un grupo criminal al que la galena se negó a pagarle el derecho de piso.
Frente a esta situación el programa de residencias y servicio social para estudiantes de medicina debe revaluarse pensando en proteger la vida de las mujeres médicas, para lo cual se requiere el compromiso de las universidades y de la sociedad civil, pues de lo contrario casos como los mencionados seguirán apareciendo.
Las mujeres debemos seguir alzando la voz y poner en el legislativo a mujeres dispuestas a representarnos y defendernos para que estos hechos tan lamentables no sigan ocurriendo.
