“Yo vi las maletas llenas de dinero”, atestiguó Jocelyn Hernández Jiménez en la denuncia que se presentó, en diciembre pasado, ante la fiscalía penal de Nueva York. Según la testigo, las maletas del cartel de Sinaloa se entregaron a Rubén Rocha Moya en su casa de campaña. En la misma denuncia, ella y otros testigos afirman que los superdelegados ordenaron hacer perdedizos lotes completos de tarjetas del bienestar para extraerles el dinero destinado a los beneficiarios, con el mismo fin de financiar ilegalmente la campaña morenista.
La periodista Anabel Hernández así lo informó en Narcosistema, su canal de Youtube, aunque el testimonio de Jocelyn Hernández se había conocido desde marzo de 2024 y sirvió de base para la interposición de denuncias ante el INE y la Fiscalía de Delitos Electorales. El órgano presidido por Guadalupe Taddei hizo caso omiso a la queja electoral, mientras que el fiscal José Agustín Ortiz Pinchetti echó la denuncia penal a la congeladora, si no es que secretamente le dictó el “no ejercicio de la acción penal”.
Recibir financiamiento del cartel de Sinaloa y desviar dinero de las pensiones del Bienestar para las campañas electorales de Morena son las conductas denunciadas en Nueva York. Se imputan al expresidente López Obrador, miembros del gabinete actual, gobernadores en funciones y a otros funcionarios. Además del político de Macuspana, están denunciados expresamente Mario Delgado (que entonces era presidente nacional de Morena), los gobernadores Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Américo Villarreal (Tamaulipas) y Javier May (Tabasco), así como al ex superdelegado de AMLO en Sinaloa, Jaime Montes Salas (quien, luego de dejar el cargo federal, fue incorporado como Secretario de Agricultura del gobierno sinaloense y, actualmente, es director del Colegio de Bachilleres de Sinaloa).
La clasificación como “grupos terroristas extranjeros”, que el gobierno estadounidense endilgó al cartel de Sinaloa y a otras organizaciones criminales de México, abre la posibilidad de que la denuncia penal proceda, pues evidenciaría la colusión gubernamental con esas bandas delictivas. Esto apunta directamente al dinero del narcotráfico para la campaña de Rocha Moya, que fue entregado a cambio de garantizar libertad de acción a los grupos criminales y de asignar posiciones de gobierno para sus personeros. Pero también apunta a la otra fuente ilegal de financiamiento de la campaña morenista, que es el fraude con las tarjetas de bienestar.
Aunque no es el único que la fundamenta, parte de la denuncia penal se basa en el testimonio de Jocelyn Hernández Jiménez, una militante de Morena que ocupó cargos en el ejército electoral del gobierno entre 2018 y 2021. Relató que, mientras fungía como coordinadora regional de los mal llamados servidores de la nación en uno de los distritos de Sinaloa, el superdelegado Montes Salas le ordenó la entrega de lotes de tarjetas del bienestar para la extracción de los recursos destinados a becas y pensiones. Según la testigo, los coordinadores regionales de todos los distritos de Sinaloa acataron la orden de desvío de recursos públicos y reportaron un falso extravío de lotes completos de tarjetas.
Después de dejar el cargo en los servidores de la nación, Hernández Jiménez se incorporó en calidad de operadora política al equipo del entonces senador Américo Villarreal, cuando éste fue delegado del partido oficial en Sinaloa para la campaña de Rocha Moya por la gubernatura de esa entidad. Fue durante su desempeño bajo las órdenes del hoy gobernador de Tamaulipas, que atestiguó la entrega-recepción de maletas repletas de dinero con los atentos saludos de los capos narcotraficantes.
La desaparición del Estado de Derecho en México se cristaliza en la impunidad para los gobernantes que incurren en actos ilegales. Los integrantes del grupo en el poder tienen patente de corso frente a denuncias por vínculos con el crimen organizado y por el financiamiento ilícito de campañas electorales. Cuentan para ello con la activa confabulación de las fiscalías, por lo que quienes denuncian tales conductas enfrentan obstáculos casi insalvables en territorio nacional. Es de esperarse que, en el futuro, esa obstaculización propicie que otras denuncias se interpongan ante organismos internacionales y tribunales de otros países.
Cincelada: La presidenta, Gertz Manero, Sedena y la Guardia Nacional se hacen los desentendidos con lo de Teuchitlán, pero los campos de exterminio son plaga en Tamaulipas y en la mitad del país.
