Que nadie se haga el sorprendido: la reforma electoral que propone Andrés Manuel López Obrador es una contrarreforma para terminar con la democracia y el pluralismo. Su propuesta es nada menos que la regeneración del viejo sistema de partido de Estado y el establecimiento de un monopolio de poder no solo para el siguiente sexenio, sino tan perdurable como lo fue aquél que Mario Vargas Llosa llamó “la dictadura perfecta”.
Aparte de discursos y sus acostumbradas bravatas, el inquilino del Palacio Nacional no ha plasmado su proyecto de reforma electoral, pero se puede vislumbrar el contenido que tendrá si se toman en cuenta tanto las acciones presidenciales como las iniciativas que algunos legisladores de Morena han formalizado en el Congreso de la Unión. Con base en lo anterior se puede afirmar que los ejes principales de la contrarreforma son: 1) mayoría artificial en las cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, 2) control gubernamental de las elecciones y 3) legalizar la intromisión del gobierno en las campañas electorales.
Prometida en 2018 como la mágica e inmediata solución de los problemas nacionales, la mal llamada Cuarta Transformación transcurre entre fracasos, traspiés y rezagos que para la narrativa oficial son evidencia de “las resistencias del pasado”, explicación que también sirve para demandar que “la transformación” continúe más allá del actual sexenio. Estamos ante el relanzamiento del discurso gesticulador, que en el pasado justificaba la permanencia del grupo en el poder con base en una peculiar (y falsa) historia de bronce. En la nueva versión, el gesticulador justifica la prolongación de su dominio aduciendo “los otros datos”.
Pero la regeneración anunciada desde el nombre completo de Morena tiene un segundo significado relevante: la rehechura del sistema de partido de Estado. Es esta la pretensión real de la reforma electoral que López Obrador quiere aplicarle a México: establecer reglas en favor del partido en el poder.
El costo económico de los procedimientos electorales y el financiamiento público de los partidos políticos no son sino pretextos que se aprovechan del descrédito que la política y los políticos tienen entre la población. Detrás ese subterfugio se encuentran los objetivos reales que la contrarreforma persigue.
Se pretende eliminar o disminuir la representación proporcional, de manera que la primera minoría se convierta artificialmente en la fuerza mayoritaria en las cámaras y se reduzca dramáticamente la representación de las demás fuerzas políticas. En las recientes elecciones, Morena y sus rémoras sumaron el 44% de los votos, pero tienen el 55% de los integrantes de la Cámara de Diputados. Con el 11% de sobrerrepresentación, el gobierno de AMLO se hizo de una mayoría artificial pero no le basta, por lo que quiere eliminar la representación proporcional de manera que, con el mismo resultado electoral, tenga más del 66% de los diputados federales. La misma receta se pretende para el Senado y las legislaturas de los estados.
Pero para lo anterior se necesitan al menos otras dos cosas: una autoridad electoral bajo el control del gobierno y la eliminación de las reglas que le impiden a este intervenir en las campañas electorales. Por ello la ofensiva contra el INE y la anunciada intención de eliminarlo. Como el lopezobradorismo no puede ignorar el arraigo social que tiene la autoridad electoral, es de esperarse que los genios del oficialismo intenten sorprender con alguna propuesta grandilocuente del tipo de “cuarto poder electoral”, la que solo disimulará la subordinación que anhelan.
Y como complemento de lo anterior, la contrarreforma modificará radicalmente las condiciones de la competencia electoral para eliminar el financiamiento público de los partidos y suprimir las reglas que actualmente prohíben la intromisión del gobierno en las campañas electorales. En este terreno, para el beneplácito de los concesionarios de radio y televisión, la cereza del pastel será la eliminación o reducción de los tiempos oficiales, incluidos los fiscales, para que las empresas puedan comercializarlos y también venderlos a los políticos de su predilección.
Cincelada: Colonialismo es experimentar con 200 mil enfermos de Covid-19, sin siquiera informarles y obtener su consentimiento, cosa que hizo el gobierno morenista de la CDMX.
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