La más reciente evasión de una prisión de alta seguridad federal del delincuente más buscado del mundo exhibe miserias éticas y públicas; autoridades omisas, corruptas, investigaciones que por más alto nivel y jerarquía no dejan de sorprendernos, videos silentes que se vuelven escandalosos cuando le suben el volumen.
Exposición de lo mal que podemos hacerlo en seguridad y justicia. A pesar de todos los avances, protocolos, reformas y nuevas normas.
Al narcotraficante lo andan cazando en el triángulo dorado, Sinaloa, Durango y Chihuahua. Ya mero lo atrapan el 7 de octubre, incluso cayó por correlón y se lastimó rostro y pierna. ¿Cómo saben esto? Por trabajos de inteligencia y seguimiento. Por un par de videos difundidos por la agencia de noticias AFP. Por el cerco sobre sus contactos familiares y colaboradores.
La Secretaría de Gobernación asegura que agentes estadounidenses no operan en territorio nacional en esta cacería. Nos ayudan sí, pero de lejos, con respeto. La confianza que desde Washington se va perdiendo se refleja en los recortes de fondos al Plan Mérida y se disimula con discursos y fotos.
Que en la persecución no hay, al menos se intenta que no ocurran, violaciones a derechos fundamentales de pobladores en aquella legendaria y dorada región. La Secretaría de la Marina-Armada afirma que sus elementos trabajan apegados a los protocolos, aplicando nuevas capacidades para ser implacables sin romper derecho humano alguno.
Por si las dudas, la CNDH ha enviado este fin de semana a sus visitadores al municipio de Cosalá, en Sinaloa, y a diversas zonas de Durango para estar cerca, coordinados con instancias locales y ayudar a las más de 200 familias que se dicen desplazadas de Tamazula, Durango, por miedos y riesgos bien fundados.
La PGR informa de la detención de servidores públicos involucrados en la fantástica fuga. El jefe de la SEIDO, Gustavo Salas, y su jefa, la Procuradora, enlistan a un piloto, Romano Lanciani Llanes; a otro, Héctor Ramón Takashima Valenzuela; al mecánico de aviación Julio César Takashima; al cuñado de El Chapo, Édgar Coronel Aispuro; al abogado Óscar Manuel Gómez Núñez; al que compró el terreno, Rigoberto Martínez Dávalos, y al que supervisó la construcción del túnel, Lázaro Araujo Burgosa.
Adicionalmente apresan a la ex coordinadora de los Ceferesos Celina Oseguera, a los monitoristas, a custodios, a 11 policías federales. En total 34 servidores involucrados, que dice el titular de la SEIDO actuaron de manera concertada; tanto así que si sólo uno hubiese procedido con rectitud, la fuga se pudre. Pero no, según la hipótesis de Salas todos hicieron su corrupta parte en el tremendo complot. Van cayendo los delincuentes y se va implicando a presuntos malos servidores públicos. Por cierto: ¿y los controles de confianza dónde quedaron?, ¿de qué sirven?, ¿los 34 serán los únicos?
Este artículo fue publicado en La Razón el 27 de Octubre de 2015, agradecemos a Carlos Urdiales su autorización para publicarlo en nuestra página
